Edición Médica

Dionisio Vélez Trujillo, exalcalde de Cartagena.

Redacción. Bogotá
La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha emitido una sanción en la que suspende por 8 meses al exalcalde de Cartagena, Dionisio Vélez Trujillo. De igual forma ha destituido e inhabilitado de 15 años a la exdirectora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) Martha Cristina Rodríguez de Gaviria, por irregularidades en el desarrollo del proyecto de infraestructura hospitalaria de la ciudad.
 
El ministerio Público ha establecido que la administración municipal, a pesar de destinar 100.000 millones de pesos en la intervención de 39 centros y puestos de salud adscritos a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, con el propósito de beneficiar a más de 470.000 mil personas, no ha ejecutado las obras programadas que se encuentran en estado de abandono, según ha indicado el fallo de primera instancia.
 
La PNG ha señalado que Vélez, a pesar de tener toda la información sobre los inconvenientes que se presentaban en la ejecución de los contratos, no ha impartido oportunamente instrucciones eficientes y eficaces para asegurar el desarrollo adecuado de las actividades delegadas. 
 
De igual forma, el órgano de control ha estipulado que el exalcalde no ha asumido el control sobre los trabajos. Tampoco ha removido de sus funciones a la entonces directora del DADIS, a pesar de no responder con las expectativas al frente del proyecto.
 
El ministerio Público ha recalcado que Vélez debió propender por el cumplimiento de los fines de la contratación y por la prestación efectiva del servicio público de salud para los habitantes de Cartagena. 
 
Asimismo, se ha evidenciado que Rodríguez de Gaviria adelantó la licitación pública DADIS 001 de 2014 sin contar con los estudios y diseño definitivos, ni con las licencias de construcción y aprobaciones técnicas del Ministerio de Salud.
 
La Procuraduría ha denotado que, debido a esta situación se logró registrar una inadecuada planeación que se reflejó en las improvisaciones surgidas durante la etapa de ejecución, que llevaron a ampliar los plazos pactados, a priorizar la construcción de 25 de los 39 centros de salud contemplados y, finalmente, a suspender los trabajos como consecuencia del deficiente análisis económico y financiero sobre el que se calculó el presupuesto del proyecto.
 
Adicional a ello, la PNG ha destacado que la exfuncionaria consignó información que no correspondía a la realidad en la firma de un otrosí del contrato, al indicar que los diseños arquitectónicos de 4 de las obras requeridas habían sido aprobados y ajustados de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud), lo que no era cierto al momento en que fue firmado el documento.
 
Finalmente, el ministerio Público ha manifestado que se vulneraron los principios de responsabilidad, economía y planeación que regulan la contratación estatal, así como los de eficiencia y eficacia de la función administrativa. 
 
Por su parte, la Procuraduría ha calificado a la conducta de Vélez Trujillo como una “falta grave culposa”, mientras que Rodríguez de Gaviria fue sancionada por 3 cargos disciplinarios calificados como faltas gravísimas, dos cometidas a título de culpa grave y la restante con culpa gravísima. 
 
El dato
 
La Procuraduría también ha informado que absolvió de responsabilidad disciplinaria al supervisor del contrato de interventoría, Francisco Javier Martínez Santos.
 

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