Edición Médica

Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI).

Melba Lucía Murillo. Bogotá
El sistema de salud atraviesa una grave desfinanciación, según advirtió Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI). De acuerdo con los indicadores oficiales, por cada 100 pesos reconocidos a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), se gastan 109 pesos en Salud, lo que ha generado un déficit acumulado de al menos 33 billones de pesos.
 
En entrevista con EDICIÓN MÉDICA, Vesga ha recalcado que “no se puede negar la realidad ni cerrar los ojos ante el colapso financiero que ya sienten pacientes y prestadores. El Ministerio de Salud y Protección Social ha subestimado la evolución de la inflación en el cálculo de la UPC. Entre 2021 y 2024 esta deficiencia le ha costado por lo menos 10 billones de pesos al sistema. Además, el Ministerio ha afirmado que no es posible realizar ajustes retroactivos a la UPC”.
 
La presidenta de ACEMI también ha cuestionado la falta de rigor técnico en las mesas de trabajo convocadas para revisar la suficiencia de la UPC: “Evidenciamos que existen diferentes bases de información para calcular la UPC, que no son exclusivas de las EPS. En los últimos dos años, el Ministerio no ha aplicado la metodología actuarial definida, ignorando la desfinanciación del sistema y el aumento en la demanda de servicios, marcado por la prevalencia de enfermedades crónicas y el envejecimiento poblacional”.
 
Críticas al papel del Ministerio de Salud

Vesga insistió en que el Ministerio ha minimizado las órdenes de la Corte Constitucional, reduciéndolas “a simples opiniones” y bloqueando un debate técnico y transparente. Agregó que, además del déficit acumulado, existe un vacío en el reconocimiento de 13,7 billones de pesos en gasto en salud entre 2021 y 2024.
 
Asimismo, ha señalado inconsistencias en la estimación de costos del Plan de Beneficios en Salud (PBS): mientras el Gobierno calculó un gasto de 388.000 millones de pesos, el valor real ascendió a 888.000 millones, lo que generó un déficit adicional de 511.000 millones.
 
Ante este panorama, ACEMI ha solicitado al Ministerio retomar un plan explícito de beneficios con base en diálogo y consensos políticos y jurídicos. “El propósito es alcanzar acuerdos reales que brinden transparencia y garanticen el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional”, subrayó Vesga.
 
Finalmente, la presidenta de ACEMI ha hecho énfasis en la necesidad de fortalecer la confianza en la información del sistema: “Los estados financieros de las EPS son auditados mensualmente por la Supersalud y la Contraloría, lo que garantiza transparencia. Cuestionar la confiabilidad de estos reportes desconoce la gravedad del déficit”.
 
“Seguiremos defendiendo la solvencia del sistema y el mandato de la Corte con cifras y evidencia técnica, insistiendo ante los órganos de control para que se respete la orden de construir una metodología clara, basada en datos verificables y consensos que aseguren la sostenibilidad del derecho fundamental a la Salud”, ha agregado.
 
El dato

Según la ADRES, en los primeros meses de 2025 se han reconocido y distribuido 7,14 billones de pesos para garantizar la atención en salud en Colombia:
 

---