Edición Médica

*Mauricio Vasco Ramírez, presidente Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E)

El sistema de salud colombiano ha mejorado en cuanto a la cobertura de la población, sin embargo, siguen existiendo brechas importantes relacionadas con el fortalecimiento de la red pública, sobre todo en zonas apartada del país, y frente al ejercicio digno del talento humano en salud (THS).

Quienes ejercemos en salud lo hacemos con convicción, una que nos permite saber que podemos ayudar a salvar vidas y a través de nuestra profesión apoyar a otras personas, esto implica realizar sacrificios a nivel personal y familiar. Sin embargo, el rol del médico en la sociedad ha venido siendo menos valorado y respetado. Observamos ataques desde el inicio de nuestro ejercicio profesional; somos víctimas de agresiones físicas y verbales desde que prestamos el servicio social obligatorio que nos marcan como personas y como profesionales.

No obstante, nuestra resiliencia es admirable, siempre con la esperanza de poder modificar las condiciones de ejercicio en procura de contar con los mejores insumos y tecnologías para atender a nuestros pacientes y garantías laborales, entre otros.

Durante esta pandemia esto ha sido más que evidente, al escuchar de nuestros colegas, recomendaciones de autocuidado para proteger a la población y de continuar las jornadas de trabajo aún por agotadoras, extenuantes o riesgosas que sean.

Esta actitud nuestra pareciera hacer olvidar a los entes gubernamentales que estamos en mora de contar con una verdadera estrategia de gestión del THS, que permita dar estabilidad al sistema de salud y garantice una fuerza de trabajo capacitada, distribuida adecuadamente a nivel nacional, de acuerdo a las necesidades propias de cada región, remunerada de manera justa y acorde a las responsabilidades y las condiciones de trabajo, es decir una fuerza de trabajo tranquila, segura, autónoma y autoregulada para entrar en contacto y relación permanente con el derecho más preciado para todos: la vida de las personas.

Nuestro gremio no puede ser excluido de los postulados de trabajo decente y trabajo digno. En primera instancia, recordemos que los cuatro objetivos de trabajo decente son: protección social, oportunidades de empleo e ingresos, promoción de los derechos fundamentales en el trabajo y diálogo social. Por su parte, el concepto de  trabajo digno se ha construido a partir de dos fundamentos constitucionales: el primero, la relación que existe entre el trabajo y el respeto a los derechos humanos, en particular con la dignidad como principio fundante del Estado Social de Derecho; y el segundo, es el derecho al trabajo como tal y los principios mínimos fundamentales establecidos en la constitución, entre los cuales resalto algunos, sin que esto signifique que los otros sean menos importantes: estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario y garantía del derecho al pago oportuno.

Desafortunadamente varios de estos postulados, tanto del trabajo decente como el de trabajo digno se encuentran ausentes para la gran mayoría del THS y con esta pandemia ha resultado evidente cómo, por ejemplo, el derecho al pago oportuno no es tratado como un derecho, sino como un favor, incluso hay entidades que señalan que para pagar a tiempo debe hacer al profesional un “descuento por pronto pago”. La Sociedad Colombiana de Anestesiología, a la cual represento, tiene conocimiento que, hasta abril de 2020, se reportaban deudas con los anestesiólogos del país por cerca de los $8mil millones de pesos entre Empresas Sociales del Estado e Instituciones Prestadoras de Salud del sector privado y las situaciones más críticas se viven en los Departamentos de Bolívar, Cesár, Atlántico, Magdalena y Cundinamarca. Esto solo por mencionar un caso, pues la situación no es diferente para otras especialidades. 

También ha resultado claro que la estabilidad laboral es una ilusión, por cuanto no son pocos los colegas sometidos a terminaciones contractuales en condiciones indignas y sobre todo injustificadas, además porque existen modalidades de contratación y tercerización, a través de empresas civiles y comerciales, que vulnera los derechos del trabajador de la salud al posibilitar el no pago de su labor.

La protección social, como un objetivo del trabajo decente que implica salud y seguridad en el trabajo, es más que ausente, es preocupante como advertir que ante la orden de aislamiento de personas asintomáticas por sospecha de contagio de COVID-19, no se reconozca el mínimo derecho a una incapacidad, existiendo discusiones entre EPS y ARL sobre el pago efectivo de la misma y desencadenando respuestas negativas que desgastan al THS. ¿Tendremos que seguir acudiendo a acciones de tutela contra las ARL para lograr la colaboración con las IPS para la entrega efectiva de los elementos de protección personal que requerimos, como lo han hecho colegas de Cúcuta y Villavicencio? o ¿acciones de tutela contra las EPS quienes se niegan a pagar incapacidades como sucedió con una colega en Cauca? Afortunadamente, en estos casos, los jueces nos han dado la razón y han considerado legítimas estas pretensiones, pero indudablemente no puede ser una ruta permanente para la protección efectiva de nuestros derechos.

Nos causa indignación casos como el de colegas que, ante la desprotección actual, han presentado quejas por presuntos casos de acoso laboral y han recibido respuestas realmente desalentadoras desde la coordinación de resolución de conflictos del Ministerio de Trabajo, donde una funcionaria señaló el pasado 1 de junio que “se iniciará el respectivo trámite una vez retomemos nuestras labores en las oficinas correspondientes”. ¿En verdad el Ministerio de Trabajo debe esperar a regresar a las oficinas para actuar oportunamente? Si entidades públicas como la Procuraduría han ajustado sus servicios ciudadanos, es incomprensible que el Ministerio de Trabajo emita este tipo de respuestas cuando los ciudadanos más los necesitamos. 

En conclusión, esta pandemia evidenció lo que por años venimos expresando el gremio médico y los demás profesionales de la salud: existe precarización laboral, es necesario proteger al talento humano y garantizar condiciones adecuadas de ejercicio. Claramente los sistemas de salud del mundo no estaban preparados para esta pandemia, no le podemos atribuir la precarización, pero si le debemos reconocer que la ha hecho mucho más notoria ante el país. 

Necesitamos soluciones concretas durante la pandemia y los espacios en la pospandemia para acabar con esta precarización.