Edición Médica

La superintendencia ha designado a Duver Vargas como interventor.

Redacción. Bogotá
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha implementado una intervención forzosa administrativa en la EPS Sanitas, tomando posesión de sus activos y operaciones a nivel nacional. Esta decisión surge tras una evaluación detallada de su situación financiera, el incumplimiento de indicadores patrimoniales y el aumento significativo de quejas por parte de sus usuarios, factores que amenazan la continuidad de los servicios para su población afiliada, estimada en 5.7 millones de personas.
 
Por su parte, el Superintendente Luis Carlos Leal Angarita, mediante resolución, ha ordenado esta medida por un período de un año, en respuesta al incumplimiento reiterado de la ley en cuanto a las normativas que regulan el aseguramiento y la prestación de servicios de salud.
 
La EPS Sanitas ha mostrado un deterioro en su situación financiera, incumpliendo los indicadores de patrimonio adecuado y el régimen de inversiones de reserva técnica. Su falta de pago a los proveedores de servicios y tecnologías en salud ha afectado directamente la garantía del derecho a la salud de sus afiliados.
 
A diciembre de 2023, las deudas con las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) ascendían a 2.04 billones de pesos, comprometiendo la atención de todos los usuarios vinculados a estas redes.
 
El superintendente Leal ha indicado que durante este proceso se garantizará la continuidad de la prestación de servicios tanto para los usuarios como para los proveedores de servicios de salud. Esta intervención tiene como objetivo corregir errores administrativos y proteger los intereses y la salud de la población en todo el territorio nacional, sin que se incurra en un proceso de liquidación de la EPS.
 
El aumento alarmante de quejas dirigidas a la EPS Sanitas durante 2023, con un total de 185,634 reclamaciones y una tasa de incidencia de 321.25 por cada 10,000 afiliados, revela una crisis en la capacidad de respuesta de la EPS frente a las necesidades de sus usuarios.
 
Este incremento ha sugerido una brecha significativa entre los servicios de salud prometidos y los realmente entregados, evidenciando una falta crítica en el cumplimiento de un sistema de gestión de peticiones, quejas y requerimientos judiciales. Esto pone en duda la eficacia y eficiencia de la EPS como proveedor de servicios de salud.
 
Los principales motivos de reclamaciones han destacado deficiencias en áreas fundamentales como la asignación y oportunidad de citas y consultas, la entrega de tecnologías en salud y la autorización y atención de otros servicios de salud. Tales deficiencias violan los principios básicos de continuidad, disponibilidad, accesibilidad y oportunidad en la prestación de servicios de salud, contraviniendo los estándares mínimos establecidos en la legislación vigente y vulnerando los derechos básicos de los usuarios.
 
Con la adopción de esta medida, la superintendencia ha designado a Duver Vargas como interventor para llevar a cabo la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas y conducir el proceso de intervención.

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