Edición Médica

Se reportaron fallas en procesos de gestión, distribución y dispensación.

Redacción. Bogotá
El Ministerio de Salud y Protección Social ha aclarado que no existe un desabastecimiento generalizado de medicamentos para tratamientos de salud mental y antiepilépticos en Colombia, tras las alertas recientes sobre posibles fallas en la entrega de estos fármacos en distintas regiones del país. La entidad precisó que, aunque se han identificado riesgos puntuales de disponibilidad, el mercado nacional mantiene oferta activa y existen alternativas terapéuticas para garantizar la continuidad de los tratamientos.
 
Según ha recalcado la cartera en un comunicado oficial, medicamentos como antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, tratamientos para trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y antiepilépticos registran disponibilidad en el país. No obstante, algunos productos se encuentran bajo monitoreo debido a dificultades en la producción, disponibilidad de materias primas, salida temporal de proveedores o interrupciones en la comercialización.
 
Entre los fármacos con riesgo puntual de disponibilidad se encuentran sulpirida 200 mg, clomipramina 25 mg, atomoxetina 25 mg, 40 mg y 60 mg, clozapina 25 mg y fenitoína 100 mg de liberación prolongada. De acuerdo con el Ministerio, estos medicamentos cuentan con alternativas terapéuticas equivalentes o mecanismos regulatorios como la importación bajo la figura de “vital no disponible”, lo que permite asegurar la continuidad del tratamiento en los pacientes.
 
Impacto clínico para la práctica médica
 
Sin embargo, expertos y especialistas del sector Salud han enfatizado la necesidad de evitar interrupciones terapéuticas, particularmente en patologías donde la adherencia farmacológica es crítica, como epilepsia, trastornos depresivos mayores, esquizofrenia y TDAH.
 
Por su parte, la autoridad sanitaria también indicó que las dificultades reportadas corresponden principalmente a fallas en procesos de gestión, distribución y dispensación por parte de algunos actores del sistema, y no a una ausencia estructural de medicamentos ni a limitaciones presupuestales. En ese sentido, reiteró que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tienen la obligación de garantizar la entrega oportuna, continua y completa de los tratamientos prescritos.
 
En caso de dificultades, las EPS deben implementar medidas inmediatas que incluyan sustituciones terapéuticas equivalentes, ajustes farmacológicos supervisados o mecanismos de importación excepcional, sin afectar la calidad de la atención ni la continuidad clínica.
 
Seguimiento nacional al abastecimiento
 
El Ministerio señaló que el país cuenta con un sistema permanente de monitoreo del abastecimiento de medicamentos, desarrollado en articulación con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Este sistema permite la actualización periódica de la información, la identificación temprana de alertas y la coordinación interinstitucional para responder a posibles afectaciones.
 
El mecanismo, implementado desde octubre de 2022, realiza seguimiento a medicamentos y productos biológicos considerados críticos, con el objetivo de anticipar riesgos y activar medidas regulatorias oportunas.
 
Alertas en el sistema de Salud colombiano
 
En Colombia, los reportes de pacientes sobre retrasos en la entrega de medicamentos de salud mental han aumentado en los últimos años, especialmente en fármacos de uso crónico. Estas demoras impactan directamente la adherencia terapéutica y aumentan el riesgo de recaídas, hospitalizaciones y descompensaciones clínicas.
 
De acuerdo con expertos, las patologías psiquiátricas y neurológicas requieren continuidad estricta del tratamiento farmacológico. La suspensión abrupta de antipsicóticos, antidepresivos o antiepilépticos puede generar efectos adversos, síndrome de discontinuación o reaparición de síntomas, lo que incrementa la carga asistencial en servicios de urgencias y hospitalización.
 
Por último, el Ministerio de Salud ha hecho un llamado a los profesionales de la salud a reportar posibles fallas en la dispensación y a considerar alternativas terapéuticas disponibles dentro del plan de beneficios, cuando sea necesario garantizar la continuidad del tratamiento.

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