Edición Médica

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

Redacción. Bogotá
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que la creciente asequibilidad de las bebidas azucaradas y alcohólicas está impulsando un aumento sostenido de las enfermedades no transmisibles y de las lesiones prevenibles, con efectos especialmente graves en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Así lo señala el organismo en un comunicado de prensa publicado el 13 de enero de 2026, en el que insta a los gobiernos a fortalecer de manera decidida los impuestos sanitarios como una estrategia costo-efectiva para proteger la salud pública y fortalecer la sostenibilidad de los sistemas de salud.
 
De acuerdo con dos nuevos informes globales de la OMS, las tasas impositivas persistentemente bajas han permitido que productos nocivos para la salud sigan siendo ampliamente accesibles, mientras los sistemas sanitarios enfrentan una presión financiera creciente derivada de la atención de patologías prevenibles como obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cánceres y lesiones asociadas al consumo de alcohol.
 
“Los impuestos sanitarios son una de las herramientas más poderosas que tenemos para promover la salud y prevenir enfermedades”, ha afirmado Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. Según el organismo, aumentar los gravámenes sobre bebidas azucaradas, alcohol y otros productos nocivos reduce el consumo, previene enfermedad grave y libera recursos para financiar servicios de salud esenciales.
 
Los informes destacan una marcada brecha entre las ganancias del mercado y la recaudación pública. Aunque el mercado global de bebidas azucaradas y alcohólicas genera miles de millones de dólares anuales, los Estados captan solo una fracción de ese valor mediante impuestos relacionados con la salud, trasladando a la sociedad los costos sanitarios y económicos de largo plazo.
 
En el caso de las bebidas azucaradas, al menos 116 países aplican impuestos, principalmente a refrescos. Sin embargo, otros productos con alto contenido de azúcar, como jugos 100 por cientos naturales, bebidas lácteas azucaradas y cafés o tés listos para beber, permanecen fuera de estos esquemas fiscales. El impuesto promedio equivale apenas al 2 por ciento del precio de un refresco común.
 
En cuanto al alcohol, 167 países aplican impuestos y 12 lo prohíben totalmente, pero la carga impositiva sigue siendo baja: la mediana global es del 14 por ciento para la cerveza y del 22,5 por ciento para las bebidas espirituosas. Además, el vino continúa sin gravarse en al menos 25 países, pese a la evidencia de sus riesgos para la salud.
 
“Un alcohol más asequible fomenta la violencia, las lesiones y las enfermedades”, ha subrayado Etienne Krug, director del Departamento de Determinantes de la Salud, Promoción y Prevención de la OMS. El organismo advierte que la falta de ajustes de los impuestos a la inflación ha hecho que estos productos sean cada vez más accesibles en términos reales.
 
Ante este escenario, la OMS impulsa la iniciativa “3 para 2035”, cuyo objetivo es aumentar de forma sostenida los precios reales del tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas hacia 2035, reduciendo su asequibilidad y contribuyendo a la prevención de enfermedades no transmisibles.
 
Cambios regulatorios en Colombia
 
En el contexto nacional, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ha indicado que a partir del 14 de enero de 2026 entra en vigor el Decreto 1083 de 2025, que introduce modificaciones al marco sanitario aplicable a las bebidas alcohólicas. Entre los principales cambios se encuentra la eliminación de la certificación obligatoria en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) como requisito para la obtención del registro sanitario, aunque su implementación sigue siendo obligatoria y la certificación pasa a tener carácter voluntario.
 
El decreto mantiene la exigencia del Certificado de Venta Libre para bebidas alcohólicas importadas, amplía la vigencia de certificados BPM previamente otorgados y establece un régimen diferenciado para microempresarios, incluyendo la ampliación de plazos y la eliminación de algunos requisitos para el amparamiento de productos bajo una misma clasificación y marca.
 
Este escenario plantea la necesidad de analizar de manera integral la coherencia entre las políticas fiscales, regulatorias y sanitarias. Mientras la evidencia internacional refuerza el papel de los impuestos como una intervención clave para reducir la carga de enfermedad asociada al consumo de alcohol y bebidas azucaradas, los ajustes normativos nacionales demandan un seguimiento riguroso para asegurar que la protección de la salud pública siga siendo un eje central de la regulación.

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