Edición Médica

Empresas colombianas destinan más del 70 por ciento de su producción al mercado ecuatoriano.

Redacción. Bogotá
La Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim) ha emitido una alerta sobre elevar la Tasa de Seguridad del 30 al 50 por ciento referente a importaciones desde Colombia, lo cual agravará un desabastecimiento ya crítico en el sistema de salud ecuatoriano, poniendo en riesgo especialmente la atención de pacientes en diálisis.
 
Asedim ha reiterado que Ecuador importa el 99 por ciento de sus insumos médicos y esa dependencia, casi total, de importaciones pone al país en una posición extremadamente sensible ante estos incrementos arancelarios.
 
El gremio ha explicado, en un comunicado oficial, que aproximadamente el 15 por ciento del abastecimiento de insumos importados proviene de Colombia y la nueva tasa encarece tratamientos vitales y dificulta el acceso a insumos “en un sistema de salud ya al límite”.
 
De igual forma, la organización ha enfatizado que las consecuencias no son meramente financieras. Ese incremento de la tasa amenaza la salud pública, ha advertido Asedim, recalcando que los insumos importados desde Colombia cubren áreas críticas como tratamientos cardíacos, cuidados intensivos, y suministros esenciales como jeringas y material quirúrgico, afectando cirugías, diagnósticos y rehabilitaciones.
 
El documento subraya que la situación golpea con más fuerza a poblaciones vulnerables (indígenas, rurales o de bajos ingresos en provincias como Esmeraldas o Manabí) y que la diálisis es particularmente crítica pues “el 60-70 por ciento de sus insumos proviene de Colombia”, lo que podría traducirse en interrupciones de sesiones y complicaciones graves para quienes enfrentan enfermedad renal crónica (ERC).
 
Se estima que 20.800 ecuatorianos requieren sesiones semanales en 136 centros de diálisis, y que la ERC ya representa una franja significativa de mortalidad. Según ha indicado Asedim, “el sector público vería un colapso mayor; el sector privado trasladaría costos a familias que, en su mayoría, no tienen capacidad de pago”.
 
Por otro lado, la carta ha denunciado irregularidades en compras públicas de “aproximadamente 200 millones de dólares a proveedores que incumplían la Ley Orgánica de Salud” en procesos de dispositivos médicos” en los últimos cinco años, además de una deuda estatal con proveedores que agrava la falta de stock y eleva el riesgo de desabastecimiento. Frente a la situación Asedim ha propuesto cuatro medidas urgentes para evitar una “catástrofe sanitaria” como:
   

El documento concluye afirmando que el acceso equitativo a la salud es un derecho y que la capacidad de compra y suministro de insumos médicos no puede estar supeditada a decisiones arancelarias que pongan en riesgo vidas.
 
Asedim se ofreció a colaborar con autoridades para optimizar el sistema de salud, con énfasis “en transparencia y uso adecuado de recursos”.
 
Repercusiones regionales y llamado al diálogo
 
La coyuntura comercial ha sido abordada por el Comité Empresarial Ecuatoriano y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), entidades que manifestaron su preocupación por la escalada de medidas arancelarias del 30 y 50 por ciento en el marco de la relación bilateral.
 
Ambos organismos reconocieron la relevancia de la seguridad en zonas fronterizas, pero advirtieron que incrementos adicionales podrían afectar el empleo, la producción, el comercio y el funcionamiento de las cadenas regionales de valor, con impacto indirecto en sectores estratégicos como salud.
 
Este escenario adquiere relevancia por la interdependencia comercial en dispositivos médicos y por la necesidad de anticipar posibles variaciones en demanda, flujos de exportación y estabilidad de las cadenas de suministro en la región andina.
 
Los gremios empresariales han hecho un llamado a priorizar el diálogo técnico e institucional para evitar una profundización del conflicto comercial que pueda debilitar una relación histórica y estratégica, subrayando que la cooperación binacional es clave para preservar la estabilidad económica y sanitaria regional.
 

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