Edición Médica

Gobierno de Gustavo Petro enfrenta críticas.

Redacción. Bogotá
El Ministerio de Salud y Protección Social ha rechazado las afirmaciones realizadas por sectores de la oposición sobre una supuesta falta de financiación del sistema de salud y aseguró que la crisis actual responde a problemas estructurales acumulados durante décadas, relacionados con fallas de administración, flexibilización de requisitos financieros de las EPS y deterioro progresivo del modelo de aseguramiento.
 
A través de un comunicado oficial, la cartera sanitaria ha señalado que el debate sobre la situación del sistema debe sustentarse en evidencia técnica y no en “narrativas de desinformación” que, según indicó, generan incertidumbre entre pacientes, profesionales y prestadores de servicios.
 
El Ministerio también defendió el trabajo de los Equipos Básicos de Salud (EBS), luego de declaraciones que cuestionaron su efectividad. La entidad aseguró que actualmente operan 10.983 equipos en los 32 departamentos y 1.123 municipios del país, beneficiando a más de 10,5 millones de familias mediante estrategias de atención primaria y prevención en territorios históricamente excluidos.
 
Según el Gobierno, cerca de 90.000 trabajadores del sector salud, entre médicos, enfermeros, odontólogos, fisioterapeutas, auxiliares y promotores, participan en esta estrategia territorial. “Desconocer su trabajo no solo resulta injusto, sino que constituye una falta de respeto con quienes han permitido acercar la salud a regiones donde durante décadas el Estado estuvo ausente”, señaló la cartera.
 
Ministerio defiende aumento de recursos para salud
 
El comunicado sostiene que durante los últimos cuatro años la Unidad de Pago por Capitación (UPC) aumentó cerca de 21 billones de pesos en términos reales, mientras que el presupuesto total del sector salud creció aproximadamente 25 billones de pesos, con incrementos superiores a la inflación.
 
Para el Ministerio, estas cifras demuestran que el problema del sistema no puede atribuirse exclusivamente a una supuesta falta de recursos, sino a dificultades históricas en la administración y ejecución de los mismos.
 
La entidad aseguró además que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) ha fortalecido el mecanismo de giro directo, buscando que los recursos lleguen de forma más rápida a hospitales, clínicas y proveedores de tecnologías en salud.
 
“Esta estrategia ha reducido la dependencia de intermediarios financieros y ha contribuido a mejorar la liquidez de los prestadores”, indicó el documento.
 
Gobierno señala responsabilidades históricas de las EPS
 
El Ministerio recordó que entre 1994 y 2024 fueron autorizadas 157 EPS en Colombia, de las cuales 130 han sido liquidadas o permanecen en proceso de liquidación. Actualmente continúan activas 27 entidades, además de dos EPS adaptadas.
 
Según la cartera, estas cifras reflejan problemas estructurales de sostenibilidad financiera, insolvencia y fallas en la prestación de servicios que se han mantenido durante décadas.
 
Asimismo, citó decisiones judiciales y pronunciamientos de la Corte Constitucional, como la Sentencia T-760 de 2008, que advirtió sobre restricciones estructurales para garantizar el derecho fundamental a la salud y documentó barreras persistentes de acceso, demoras en tratamientos y dificultades en la entrega de medicamentos.
 
El Ministerio también mencionó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que flexibilizaciones regulatorias aplicadas en distintos gobiernos permitieron la permanencia de EPS que no cumplían con estándares financieros y operativos, afectando la sostenibilidad del sistema y el patrimonio público.
 
Defensa de medidas para medicamentos y enfermedades de alto costo
 
En medio de la discusión sobre acceso a medicamentos y tecnologías, la cartera ha aseagurado que el Gobierno ha implementado medidas para fortalecer la atención de pacientes con enfermedades huérfanas y patologías crónicas de alta complejidad.
 
Entre las acciones mencionadas se encuentran mecanismos de compra centralizada, distribución y suministro de medicamentos, además de esquemas de financiación con recursos de la UPC y presupuestos máximos.
 
El pronunciamiento oficial ha concluido que el país necesita avanzar hacia un modelo de salud preventivo, territorial y centrado en la atención primaria, orientado a reducir inequidades y garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud.

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