Edición Médica

Ulahy Beltrán, superintendente nacional de Salud.

Redacción. Bogotá
La Superintendencia Nacional de Salud ha iniciado una investigación contra Mario Fernando Córdoba, actual gerente y representante legal del Hospital General de Medellín (HGM), por el presunto incumplimiento en la efectiva prestación de servicios de Salud, así como en algunos procesos y actividades técnicas, administrativas y financieras.
 
De acuerdo con la entidad de control, en esta investigación se formularon 28 cargos por diferentes hallazgos encontrados durante dos visitas que realizó el ente de control a dicha institución hospitalaria en marzo y junio de 2021.
 
Entre los hallazgos más destacados de tipo asistencial se encuentran la inadecuada atención a usuarios en el servicio de urgencias y hospitalización, la falta de condiciones y requisitos para el funcionamiento adecuado del servicio farmacéutico y la no garantía de la prestación de los servicios de salud al binomio madre e hijo, ya que no cumple con los requerimientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para la operación del servicio de obstetricia.
 
La Supersalud también ha hecho mención a la inadecuada atención integral a las víctimas de violencia sexual al no contar con un riguroso Protocolo de Atención Integral en Salud, la falta de aplicación de procedimientos para la atención en salud de pacientes COVID-19, así como, la ausencia de manual de bioseguridad.
 
Dentro de los hallazgos de tipo financiero y administrativo se encuentra la deficiente gestión de cobro de cartera por la prestación de los servicios de salud, la cual sólo alcanzó un recaudo del 26% para el 2020, sumado a que, entre 2020 y 2021, el HGM no cumplió con la asignación ni con la ejecución del porcentaje mínimo (5 por ciento) del presupuesto total para el mantenimiento de equipos e infraestructura hospitalaria.
 
Cabe resaltar que la Supersalud ha dado traslado del informe de visita y de los soportes correspondientes a otras instancias y autoridades como la Contraloría, Procuraduría y Ministerio de Trabajo, para que adelanten las actuaciones correspondientes de carácter fiscal y administrativa.
 

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