Edición Médica

Jaime Urrego, superintendente nacional de Salud (e).

Redacción. Bogotá
La salida de Bernardo Camacho de la Superintendencia Nacional de Salud marca un nuevo giro en la conducción del ente de vigilancia del sistema sanitario, en un contexto de alta presión institucional y deterioro financiero de varias entidades aseguradoras.
 
El funcionario presentó su renuncia al presidente Gustavo Petro, argumentando motivos personales, tras cinco meses al frente de la entidad. En su carta, reiteró su respaldo a los principios de equidad y defensa del sistema público de salud, destacando su gestión bajo criterios de transparencia y responsabilidad.
 
Tras la dimisión, el Gobierno designó como superintendente encargado a Jaime Hernán Urrego Rodríguez, actual viceministro de Salud Pública, mediante el Decreto 0404 de 2026. Su nombramiento busca garantizar la continuidad operativa de la entidad en un momento crítico para la supervisión del sistema.
 
La transición ocurre en medio de cuestionamientos sobre la estabilidad directiva de la Superintendencia, que ha registrado múltiples cambios en los últimos años, afectando la continuidad de las políticas de inspección, vigilancia y control.
 
Fallo judicial sobre Coosalud tensiona la gestión
 
Uno de los temas más sensibles que enfrenta la entidad es la suspensión provisional de la intervención a Coosalud, ordenada por un fallo judicial. La Superintendencia informó que acatará la decisión y activó mesas de trabajo con organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, con el fin de garantizar una entrega ordenada de la EPS.
 
Paralelamente, la entidad presentó un recurso de aclaración ante el Tribunal de Cartagena para definir la figura responsable de recibir la administración de la aseguradora, evidenciando vacíos operativos en la implementación del fallo.
 
Sistema bajo presión
 
El relevo en la Superintendencia se produce en un escenario de crisis estructural del sistema de salud. Actualmente, al menos ocho EPS permanecen bajo medidas de intervención y acumulan deudas superiores a los 19 billones de pesos, lo que impacta el flujo de recursos hacia hospitales y clínicas.
 
La nueva etapa en la Superintendencia estará marcada por la necesidad de fortalecer la gobernanza del sistema en medio de tensiones políticas, judiciales y financieras, con impacto directo en la operación clínica en todo el país.

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