Edición Médica

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.

Redacción. Bogotá
En respuesta a los requerimientos de la Corte Constitucional, el Ministerio de Salud y Protección Social ha expedido la Resolución 2606 de 2025, mediante la cual adopta los lineamientos para la formulación, ejecución y seguimiento del Plan Inmediato de Acción en Salud (PIAS). La medida avanza en el cumplimiento de lo ordenado por el Auto 2049 de 2025 y se enmarca en el seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, que declaró el estado de cosas inconstitucional en el sistema de salud.
 
Según ha indicado la cartera sanitaria, el PIAS busca convertirse en un instrumento operativo para mejorar de manera integral el acceso, la oportunidad, la calidad y la continuidad de la atención en salud, abordando problemáticas estructurales persistentes como barreras en el acceso a servicios, dificultades en la afiliación, insuficiencia de recursos y problemas en la dispensación de medicamentos.
 
“El Plan Inmediato de Acción en Salud es una herramienta clave para fortalecer el sistema y garantizar de forma efectiva el derecho fundamental a la salud. Con la expedición de esta resolución damos inicio a un proceso concreto de cumplimiento de las órdenes de la Corte y de mejora real en la atención a la población”, ha señalado el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo.
 
Ejes centrales del Plan Inmediato de Acción en Salud
 
Entre las principales medidas contempladas en el PIAS se encuentra la reducción de la negación injustificada de servicios. Para ello, se implementará un registro integral de negaciones, con identificación de causales y un sistema de alertas automáticas que permita activar correctivos oportunos, así como la aplicación de procedimientos de reintegro de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) cuando corresponda.
 
El plan también establece acciones para mejorar la oportunidad en la prestación de los servicios, mediante la definición de tiempos máximos para la asignación de citas de Medicina especializada, la realización de procedimientos, y la entrega de tecnologías y medicamentos ordenados por el talento humano en Salud.
 
Otro componente prioritario es el fortalecimiento de la afiliación al sistema, con énfasis en la depuración y corrección de inconsistencias en bases de datos y la inclusión efectiva de población vulnerable. A esto se suma la adopción de medidas para mejorar la accesibilidad territorial, garantizar coberturas mínimas, consolidar la telemedicina y establecer indicadores claros de calidad y tiempos de atención.
 
En materia financiera, el PIAS contempla acciones orientadas a optimizar el flujo de recursos y avanzar en la equidad entre los regímenes contributivo y subsidiado, asegurando que la UPC y los presupuestos máximos permitan la continuidad de la atención y la sostenibilidad del sistema.
 
Seguimiento y responsabilidades institucionales
 
La Resolución 2606 de 2025 asigna responsabilidades específicas a distintas dependencias del Ministerio de Salud y a entidades del sector como la Superintendencia Nacional de Salud, la ADRES y el Invima. Asimismo, define mecanismos de seguimiento y evaluación semanal de las acciones, con informes periódicos que permitan ajustar las estrategias y verificar resultados concretos.
 
En materia de financiación y sostenibilidad, la implementación del PIAS se articula con medidas regulatorias, como la Circular 18 de 2024 sobre control de precios de medicamentos. No obstante, el propio Gobierno reconoce que esta herramienta requiere tiempo para evaluar su impacto real en la contención de sobrecostos y la estabilidad del mercado farmacéutico. Por ello, el plan ha incorporado acciones complementarias orientadas a consolidar la regulación de precios, fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y sanción, y garantizar la trazabilidad de los precios a lo largo de toda la cadena de suministro.
 
Este enfoque busca evitar que los sobrecostos continúen desfinanciando el sistema y afectando la continuidad de la atención, una preocupación reiterada por la Corte Constitucional. La evaluación periódica del impacto de estas medidas será clave para determinar su sostenibilidad en el tiempo y su capacidad real de proteger los recursos públicos.
 
La implementación del PIAS implicará un nuevo marco de seguimiento institucional orientado a reducir barreras, mejorar la oportunidad de la atención y fortalecer la garantía del derecho a la salud, en un contexto de mayor control judicial y exigencia sobre el desempeño del sistema.
 

---