Edición Médica

Guillermo Jaramillo, ministro de Salud.

Redacción. Bogotá
El Ministerio de Salud y Protección Social ha presentado el proyecto de decreto que establece mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud con enfoque poblacional y territorial, una iniciativa orientada a corregir fallas estructurales en la organización del sistema y a fortalecer su sostenibilidad técnica y financiera.
 
De acuerdo con la cartera, la propuesta no contempla traslados automáticos ni indiscriminados de afiliados entre Entidades Promotoras de Salud (EPS). Cualquier eventual proceso de asignación o reasignación se realizará de manera gradual, con base en criterios técnicos objetivos y bajo salvaguardas que protejan la continuidad del aseguramiento y la atención en Salud.
 
El MinSalud ha resaltado que el proyecto se fundamenta en el mandato constitucional (artículos 49 y 365) y en el marco legal vigente, incluyendo las Leyes 100 de 1993, 1122 de 2007, 1438 de 2011 y la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que asignan al Estado la responsabilidad indelegable de organizar, dirigir, regular y controlar el sistema de salud.
 
Según los análisis técnicos del Ministerio, persisten fallas estructurales en la operación territorial del aseguramiento, entre ellas:
   

Estas condiciones, señala el MinSalud, impactan la eficiencia operativa, generan riesgos financieros y afectan la continuidad e integralidad de la atención, particularmente en municipios rurales, dispersos, de frontera o con limitada capacidad instalada.
 
Enfoque territorial y poblacional
 
El decreto propone un ordenamiento técnico del aseguramiento basado en variables como escala y densidad poblacional, dispersión geográfica, capacidad operativa real de las EPS, sostenibilidad financiera, articulación efectiva con las redes de prestación de servicios.
 
El objetivo es alinear la operación del aseguramiento con las condiciones demográficas y de oferta de servicios de cada territorio, promoviendo trayectorias asistenciales continuas y coordinadas entre niveles de atención, así como una gestión más eficiente del riesgo epidemiológico.
 
Este enfoque busca reducir barreras derivadas de la fragmentación del aseguramiento y facilitar la continuidad de tratamientos, especialmente en poblaciones vulnerables.
 
Competencia regulada y protección al usuario
 
El Ministerio ha subrayado que la iniciativa no impone restricciones arbitrarias a la libre competencia ni introduce criterios fiscales ajenos al marco vigente. Por el contrario, se enmarca en un modelo de competencia regulada que pretende corregir fallas del mercado del aseguramiento y garantizar condiciones mínimas de viabilidad operativa en cada territorio.
 
En este contexto, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de la función de abogacía de la competencia, ha concluido que el proyecto no tiene como objeto restringir indebidamente la competencia, y reconoció que las medidas responden a fines legítimos de equidad territorial y eficiencia sistémica.
 
El decreto también ha trazado reglas para la eventual asignación o reasignación de afiliados, orientadas a preservar la continuidad de tratamientos en curso, mantener la unidad de los grupos familiares, garantizar la neutralidad en la composición del riesgo, proteger la sostenibilidad del esquema de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
 
Impacto esperado en el sistema
 
Desde la perspectiva sanitaria, el proyecto busca prevenir riesgos sistémicos, ordenar la operación del aseguramiento conforme a la realidad territorial del país y reforzar la capacidad del sistema para responder de manera integral a las necesidades de la población.
 
“Ordenar el aseguramiento con criterios técnicos y territoriales es una medida de responsabilidad estatal, orientada al interés general y a la protección efectiva de los usuarios del sistema de salud”, ha explicado el Ministerio.
 
 

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