Edición Médica

Nueva EPS vuelve al centro del debate nacional por la continuidad y oportunidad en la atención de sus pacientes.

Redacción. Bogotá
Nueva EPS ha dado a conocer un informe técnico integral sobre la atención brindada a Kevin Arley Acosta Pico, menor de siete años afiliado al régimen subsidiado en Pitalito (Huila), diagnosticado con hemofilia, quien falleció el pasado 8 de febrero tras un trauma craneoencefálico severo.
 
El caso ha generado debate nacional en torno a la continuidad de tratamientos de alto costo, los procesos de portabilidad en el sistema de salud y el manejo de información clínica sensible.
 
Según ha precisado el documento, el paciente recibía profilaxis con factor VIII cada 28 días desde octubre de 2019 hasta diciembre de 2025, con aplicaciones certificadas por el prestador Medicarte. La última dosis fue administrada el 14 de diciembre de 2025, por lo que el siguiente ciclo correspondía a enero de 2026.
 
En noviembre de 2025, la madre del menor solicitó traslado temporal de afiliación desde Pitalito hacia Charalá (Santander), lo que activó el protocolo de portabilidad. En ese contexto, se programó una cita para el 27 de enero en Bucaramanga con el fin de mantener la continuidad terapéutica. Posteriormente, la familia solicitó el retorno a Huila, situación que, según ha explicado la EPS, generó ajustes administrativos y un retraso en la aplicación del ciclo mensual mientras se reactivaban los procedimientos en el municipio de origen.
 
La entidad sostiene que el tratamiento profiláctico se garantizó de manera continua hasta diciembre y que se activaron los mecanismos correspondientes para restablecer la atención durante el proceso de traslado.
 
Manejo clínico
 
De acuerdo con el reporte de la ESE Departamental San Antonio de Pitalito, el menor ingresó el 8 de febrero de 2026 tras una caída aproximada de 1,5 metros mientras montaba bicicleta en un polideportivo. El diagnóstico inicial evidenció hematoma epidural parietotemporal derecho, colección subdural laminar izquierda, fractura lineal de la escama temporal derecha y edema cerebral.
 
Ante el alto riesgo de morbimortalidad trans y posoperatoria, el equipo multidisciplinario ha optado por manejo médico con soporte vital y medidas de neuroprotección, descartando intervención quirúrgica inicial. Se activó el protocolo de alta complejidad y se autorizó traslado aéreo al Hospital de la Misericordia, donde ingresó a Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico con manejo por Neurocirugía, Oncohematología, Cuidado Intensivo, Cardiología Pediátrica, Nutrición Clínica y Psicología.
 
Durante la hospitalización se activó la línea especializada en hemofilia y se administró factor VII recombinante (NovoSeven), conforme a criterio hematológico.
 
Debate institucional y consideraciones legales
 
En su análisis, la EPS concluye que el evento determinante fue el trauma craneoencefálico severo accidental, que evolucionó a hemorragia intracraneal, edema cerebral difuso y muerte encefálica. El caso permanece a la espera del reporte de necropsia medicolegal.
 
El presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señalaron públicamente que el fallecimiento obedeció a la caída en bicicleta, afirmación que generó controversia en el ámbito médico y social.
 
Adicional a ello, el exfiscal general Francisco Barbosa ha advertido que la divulgación pública de la historia clínica podría constituir un delito, citando el artículo 269F del Código Penal sobre protección de datos personales, al considerar que se habría vulnerado el derecho a la intimidad del menor y su familia.
 
Más allá del análisis causal, el caso reabre una discusión técnica sobre la articulación entre portabilidad, continuidad terapéutica y gestión administrativa en pacientes pediátricos con enfermedades de alto riesgo hemorrágico.
 
Este episodio plantea interrogantes sobre la oportunidad en la entrega de terapias, la trazabilidad en los procesos de traslado y la protección ética de la información clínica en contextos de alta exposición mediática.
 

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