Edición Médica

La EPS enfrenta una crisis financiera significativa.

Redacción. Bogotá
La Personería de Bogotá ha encendido las alarmas frente a una grave crisis operativa en la Nueva EPS, tras registrar cerca de 2.000 quejas de afiliados entre enero y septiembre de 2025, un indicador que evidencia fallas sostenidas en la prestación de servicios y un riesgo creciente para la continuidad de la atención en salud en la capital.
 
De acuerdo con el informe, las inconformidades se concentran en dos frentes: 49 por ciento por demoras en la entrega de medicamentos, mientras que el 36 por ciento por dificultades para acceder a citas médicas.
 
Para la Personería, estos problemas no corresponden a hechos aislados, sino a un “colapso estructural” derivado de fallas técnicas, financieras y de gestión que afectan directamente el derecho a la salud de los usuarios.
 
Fallas tecnológicas y crisis financiera agravan la situación
 
Uno de los factores determinantes ha sido la implementación deficiente de un nuevo software de gestión, que, según la propia EPS, ha generado interrupciones en varios procesos operativos. Estas fallas han repercutido en trámites, autorizaciones y asignación de servicios.
 
En paralelo, la EPS enfrenta una crisis financiera significativa. La Personería ha reportado una creciente deuda con operadores farmacéuticos como Audifarma, afectando la cadena de suministro de medicamentos.
 
Además, instituciones de alta complejidad como el Hospital de San José anunciaron suspensión de servicios para afiliados de la Nueva EPS por falta de pago, lo que agrava aún más la limitación en el acceso.
 
Deuda con la red pública se triplica en menos de dos años
 
La Secretaría Distrital de Salud ha alertado que la deuda de la Nueva EPS con los hospitales públicos se triplicó tras la intervención de la entidad. Según ha indicado el secretario de Salud, Gerson Bermont, la cartera pasó de 35.334 millones a 90.558 millones a septiembre de 2025.
 
Este aumento ha generado tensiones operativas en los hospitales, con afectaciones en pago de nóminas, adquisición de insumos, continuidad de servicios para la población afiliada. De acuerdo con la Agencia de Periodismo Investigativo (API), cerca del 97 por ciento del pasivo con laboratorios se habría generado durante el periodo de intervención estatal.
 
Impacto en pacientes y llamado a la Superintendencia
 
Las demoras, suspensión de servicios y fallas tecnológicas no solo representan trámites fallidos: ponen en riesgo directo la salud y la vida de usuarios, especialmente aquellos con enfermedades crónicas o que requieren tratamientos continuos.
 
Por ello, la Personería ha hecho un llamado urgente a la Superintendencia Nacional de Salud para intervenir y adoptar medidas inmediatas que garanticen continuidad, suministro de medicamentos y acceso oportuno a servicios esenciales.

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