Edición Médica

Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social.

Redacción. Bogotá
El debate en torno a la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026 se intensifica en Colombia, con posiciones encontradas entre el Ministerio de Salud y Protección Social y distintos actores del sector que advierten impactos directos sobre la atención de los pacientes.
 
Desde la cartera sanitaria, el Gobierno ha reiterado que el incremento definido para la UPC 2026 es técnicamente sustentado, fiscalmente responsable y acorde con los criterios establecidos por la Corte Constitucional, negando que exista un proceso de desfinanciación del sistema.
 
Según cifras oficiales, entre 2022 y 2026 el presupuesto del sector Salud ha crecido 51,4 por ciento en términos reales, equivalente a 25 billones de pesos adicionales y a 1,4 puntos del PIB, calculados a precios constantes de 2025. En ese mismo periodo, la UPC aumentó 30,4 por ciento en términos reales, lo que representa 22,9 billones de pesos adicionales y un esfuerzo fiscal cercano a 1,3 puntos del PIB.
 
Para el Ministerio, estos datos desmienten la narrativa de insuficiencia estructural de recursos y evidencian un fortalecimiento sostenido de la financiación del sistema.
 
Metodología actuarial y advertencia técnica
 
La cartera de Salud ha enfatizado que la definición de la UPC responde a una metodología actuarial rigurosa, basada en datos reales de uso y costos del sistema, información reportada por las EPS, análisis de tendencias, correcciones por exposición y otros ajustes técnicos, conforme a los estándares históricos y a los lineamientos exigidos por la Corte Constitucional.
 
En este contexto, el Ministerio ha enfatizado que la propuesta de algunos sectores de usar el aumento del salario mínimo como único parámetro para el cálculo de la UPC es “antitécnica y limitada”, al desconocer la naturaleza del riesgo asegurado por la prima. Según explicó, la UPC no solo incorpora el costo de los servicios, sino también los gastos administrativos y la intermediación propia del aseguramiento, incluyendo nómina y operación de las EPS, elementos que deben ser evaluados integralmente desde la lógica actuarial.
 
Uso de los recursos y rendición de cuentas
 
El Ministerio ha reiterado que los recursos de la salud son públicos, pertenecen a la ciudadanía y deben ser administrados con transparencia y responsabilidad, y advirtió que el debate no puede seguir centrado únicamente en solicitar mayores recursos sin una rendición clara de cuentas sobre su uso.
 
En esa línea, la cartera ha insistido en que el problema estructural del sistema no es el monto de los giros, que en 2026 superarán los 101 billones de pesos a través de la ADRES, sino la eficiencia y trazabilidad en la ejecución de esos recursos, recordando casos documentados de inconsistencias en el reporte de información, pagos indebidos y desviaciones históricas que han afectado la sostenibilidad financiera.
 
Las alertas desde pacientes y la industria
 
No obstante, organizaciones de pacientes y gremios del sector han expresado una lectura distinta del escenario. La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) ha cuestionado la postura oficial y planteó que garantizar una UPC suficiente es clave para asegurar la continuidad de tratamientos, evitar daños irreversibles y prevenir muertes evitables.
 
Desde esta organización se ha señalado que el Gobierno, que actualmente interviene y administra ocho EPS, no ha logrado garantizar de manera efectiva el acceso oportuno a medicamentos y tratamientos vitales. En particular, se citó el caso de Nueva EPS, administrada por el Estado, que habría registrado 536 muertes de pacientes con enfermedades raras en 2025, muchas de ellas asociadas a barreras de acceso a servicios y medicamentos que debían ser garantizados.
 
“Corregir la UPC 2026 es una urgencia vital: la crisis del sistema de salud está cobrando vidas”, han advertido desde este sector, que además cuestiona por qué el Gobierno niega su responsabilidad mientras se presentan desenlaces fatales bajo EPS intervenidas.
 
De acuerdo con análisis técnicos basados en información oficial, estos actores sostienen que la UPC 2026 debería ajustarse entre un 15 y un 17,33 por ciento, con el fin de reflejar de manera más adecuada el gasto real, la inflación y el aumento en el uso de servicios de salud.
 
A estas preocupaciones se sumó la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO), que manifestó su inquietud frente al ajuste definido mediante la Resolución 002764 de 2025, que fijó un incremento del 9,03 por ciento. Para la industria farmacéutica, este aumento resulta insuficiente frente al crecimiento real del gasto, el envejecimiento poblacional, el aumento sostenido de la demanda y la incorporación de nuevas tecnologías y tratamientos de alto impacto.
 
Según ha subrayado AFIDRO, el contexto actual exige un financiamiento que responda no solo a las presiones inmediatas del sistema, sino también a sus necesidades futuras, para evitar un mayor deterioro en el acceso y la oportunidad de la atención.
 
Un debate abierto para el sector Salud
 
Mientras el Ministerio insiste en que el foco debe estar en el uso adecuado de los recursos y la rendición de cuentas de los aseguradores, los pacientes y algunos gremios advierten que una UPC insuficiente puede traducirse en interrupciones de tratamientos, mayor judicialización y riesgos directos para la vida de los usuarios.
 
El debate sobre la UPC 2026, lejos de cerrarse, pone nuevamente en el centro la tensión entre sostenibilidad financiera, rectoría del sistema, eficiencia en la gestión y garantía efectiva del derecho fundamental a la salud.
 
 

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