Edición Médica

Firmantes de paz y las víctimas del conflicto con discapacidad por lesiones de guerra.

Redacción. Bogotá
Los Ministerios de Salud y Protección Social, Defensa Nacional y el Fondo Colombia en Paz, este último en representación de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), han suscrito un histórico convenio para atender a excombatientes con discapacidad.
 
De acuerdo con la cartera de Salud, este convenio permitirá atender a la población firmante del Acuerdo de Paz y a víctimas del conflicto armado con discapacidad por lesiones de guerra. Después de más de siete años desde la firma del Acuerdo de Paz, el Ministerio ha enfatizado que, por primera vez, se han asignado recursos del Estado para su atención diferencial en Salud.
 
Asimismo, el convenio 056 de 2024, que une, articula y coordina recursos administrativos, financieros y jurídicos de manera colaborativa, contará con fases para su ejecución. La primera fase destinará 40 mil millones para la rehabilitación de cerca de 1.280 firmantes de paz, de un total de 1.884 caracterizados con discapacidad por lesiones de guerra.
 
El Ministerio de Salud ha asegurado que, estos fondos pretenden cubrir áreas como la certificación de discapacidad, rehabilitación en niveles de baja y media complejidad y protésica, procedimientos de alta complejidad, quirúrgicos y gastos conexos en Salud.
 
Por su parte, voceros del gobierno han subrayado que esta acción contribuye significativamente a los procesos de reincorporación integral de una población que enfrenta retos y dificultades debido a la estigmatización y discriminación.
 
El objetivo se ha centrado en garantizar su derecho a la salud en condiciones de dignidad y con un enfoque diferencial, superando las barreras de acceso a la salud y atendiendo de manera adecuada las lesiones derivadas del conflicto. En el caso de las víctimas del conflicto armado, se busca garantizar sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a una vida digna.
 
Como parte del inicio de un proceso de articulación interinstitucional, el Gobierno avizora fortalecer la respuesta del Estado para garantizar los derechos de esta población, sujeta de especial protección según la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad.
 
Por último, el Ministerio de Salud ha aseverado que, este proceso fortalecerá las redes e Instituciones Prestadoras de Salud de carácter público, especialmente en los municipios PDET. Además, se cubrirán los gastos conexos en salud para aquellas personas que requieran atención en lugares alejados de su residencia.
 
La atención especializada no reemplazará la establecida por la red de Salud pública
 
La atención especializada que no reemplazará la establecida por la red de salud pública estaría a cargo de prestadores de salud con quienes se suscribirían futuros convenios, en función de sus servicios ofertados y las necesidades especiales de la población.
 
Para la primera fase el proceso es acompañado de manera activa por la Asociación CONELAEC, que congrega a personas firmantes de paz con discapacidad, adultas mayores y con enfermedades de alto costo, cumpliendo un papel fundamental en la identificación de necesidades en los territorios.
   
El dato
 
Según la ARN la distribución de esta población incluye, por género, 340 mujeres, 1.543 hombres y una (1) persona diversa; 938 personas en proceso de reincorporación tienen entre 29 y 45 años, 57 entre 18 y 28 años, 229 entre 46 y 59 años, uno (1) no registra información y 659 son adultos mayores. Por tipo de discapacidad, la física corresponde a la mayoría de la población caracterizada (1.310 personas), seguida por visual (258), múltiple (189), auditiva (101), psicosocial/mental (17) e intelectual (9).

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