Edición Médica

Ulahí Beltrán, superintendente nacional de Salud.

Redacción. Bogotá
El Gobierno Nacional ha aprobado la extensión por 12 meses de la medida de intervención forzosa, que inició en enero de 2022, llevada a cabo por la Superintendencia Nacional de Salud en la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López en Valledupar (Cesar). El objetivo es continuar con el desarrollo de 28 actividades destinadas a estabilizar la situación financiera y administrativa de la institución, garantizando la prestación adecuada de servicios de salud a los usuarios.
 
La resolución ha destacado la necesidad de ejecutar los recursos asignados en noviembre de 2023 por el Ministerio de Salud y Protección Social, por un total de 11.791 millones de pesos. Estos fondos se destinarán principalmente al pago de obligaciones con terceros, como honorarios y servicios.
 
Además, la Supersalud ha enfatizado en la importancia de una colaboración efectiva con la Gobernación de Cesar para mejorar el flujo de recursos, especialmente mediante la recuperación de una cartera conciliada de 30.000 millones de pesos, generada por atenciones a población extranjera. Esto se considera fundamental para cumplir con las obligaciones adquiridas tanto en la operación corriente como en vigencias anteriores.
 
Entre las actividades a realizar, se ha incluido la identificación y análisis de factores relacionados con las estancias prolongadas de pacientes en urgencias y hospitalización, con el objetivo de desarrollar acciones de mejora continua. También se destaca la necesidad de implementar programas de vigilancia epidemiológica para eventos adversos, incidentes y complicaciones en el hospital.
 
Para la Supersalud, la resolución ejecutiva, firmada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, refleja la evaluación de la Supersalud sobre la situación del centro asistencial y los avances logrados durante la intervención, destacando el fortalecimiento de la prestación de servicios de salud, la disminución de riesgos en salud y la consolidación de la confianza de los usuarios.
 
A pesar de la prórroga hasta el 14 de enero de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud tiene la facultad de levantar o modificar la medida de intervención antes de su vencimiento. Una visita realizada en diciembre evidenció logros como la habilitación de 20 nuevas subespecialidades y la reactivación de servicios anteriormente cerrados, demostrando un mejoramiento integral en el hospital.
 
Al respecto, el Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, ha subrayado que, “con el mejoramiento alcanzado por el hospital tanto en la parte de prestación de servicios como en los escenarios administrativos, financieros y jurídicos, demuestra que en el Gobierno del Cambio los hospitales públicos intervenidos por la Supersalud no se liquidan, sino que se fortalecen y se recuperan”.

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