Edición Médica

María Godoy Casadiego, superintendenta nacional de Salud.

Redacción. Bogotá
La Superintendencia Nacional de Salud ha anunciado nuevas acciones de inspección, vigilancia y control en La Guajira, con énfasis en el cierre de 26 investigaciones administrativas que permanecen en curso y en la articulación con otros organismos de control frente a posibles incumplimientos relacionados con la atención sanitaria.
 
La superintendente nacional de Salud, María Andrea Godoy Casadiego, ha presentado el balance ante la Corte Constitucional, durante una sesión técnica de seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, que mantiene bajo vigilancia el cumplimiento de las medidas destinadas a garantizar los derechos fundamentales de los niños y niñas Wayuu.
 
Según la funcionaria, aunque durante 2025 y lo corrido de 2026 se han adelantado diferentes acciones de control, todavía resulta necesario avanzar en el cierre de los procesos contra los 26 vigilados y trasladar las sanciones ya impuestas a los entes de control correspondientes, de acuerdo con sus competencias.
 
Atención de la niñez Wayuu permanece bajo seguimiento
 
La Superintendencia ha señalado que, pese a que los indicadores registrados muestran avances en el cumplimiento del plan, persisten situaciones que exigen fortalecer los mecanismos para garantizar la atención en salud de los niños y niñas Wayuu.
 
Este seguimiento tiene como antecedente la Sentencia T-302 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional frente al goce efectivo de derechos como salud, agua potable, alimentación y participación de la niñez Wayuu de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
 
De hecho, en una valoración realizada en 2025, la Corte declaró un cumplimiento medio de las medidas urgentes e inmediatas en salud, pero calificó como bajo el cumplimiento relacionado con la formulación e implementación de una política estructural de salud para el pueblo Wayuu, al advertir que aún faltaba un plan estructural concertado entre los niveles nacional y territorial y las comunidades.
 
Supersalud revisa responsabilidades por muerte de una menor en Uribia
Durante la sesión, Godoy también ha señalado la necesidad de avanzar en acciones concretas frente al fallecimiento reciente de una menor de edad en el municipio de Uribia.
De acuerdo con el comunicado institucional, la Superintendencia adelanta actuaciones encaminadas a establecer posibles responsabilidades de Nueva EPS, la IPSI Supula y las secretarías de Salud municipal de Uribia y departamental de La Guajira.
 
Fiscalía, Contraloría y Procuraduría entran en la articulación
 
La Supersalud también ha anunciado que reforzará el trabajo de la Red de Contralores con la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.
 
Según la entidad, se han reactivado espacios de coordinación y se prevé participar en mecanismos de intercambio de información consolidada, con el propósito de facilitar el seguimiento de los casos y avanzar de manera coordinada en las actuaciones correspondientes.
 
Nuevo modelo de salud para La Guajira entra en la agenda
 
La Superintendencia ha informado además que trabajará de manera coordinada con el Ministerio de Salud y Protección Social y las autoridades departamentales y municipales en la construcción de un nuevo modelo de aseguramiento y prestación de servicios de salud en La Guajira.
 
El objetivo anunciado es fortalecer la respuesta institucional y avanzar hacia una garantía efectiva del derecho a la salud, particularmente en territorios donde persisten barreras geográficas, institucionales y sociales.
 
El reto para la Superintendencia será ahora que las actuaciones de inspección y vigilancia se traduzcan en decisiones administrativas, correctivos verificables y mejoras efectivas en el acceso a la atención. En un contexto en el que la protección de la niñez Wayuu continúa bajo seguimiento constitucional, el cierre de las 26 investigaciones permitirá establecer si existen incumplimientos atribuibles a los actores vigilados y qué medidas adicionales deberán adoptarse.
 
El dato
 
La Corte ha continuado durante 2026 el seguimiento sobre el territorio. En julio ordenó una nueva inspección judicial en Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao para verificar las condiciones relacionadas con los objetivos constitucionales de la Sentencia T-302.
 

Ante la Corte Constitucional, la Superintendente Nacional de Salud, @GodoyAndreaA_, informó que, pese a las diferentes acciones de inspección, vigilancia y control realizadas durante 2025 y lo corrido de 2026, es necesario avanzar en el cierre de las investigaciones administrativas en curso frente a 26 vigilados y dar traslado de las sanciones ya impuestas a los entes de control correspondientes. ?https://t.co/NsaKxAvtGA

— Supersalud (@Supersalud) October 13, 2026

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