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GESTIONAR LA PRESTACIÓN
Supersalud sancionará a Gobernación del Chocó por fallas en la gestión del servicio de Salud
La entidad territorial no ha garantizado los servicios a la población pobre no asegurada en 2018
Viernes, 03 de febrero de 2023, a las 14:29

Ulahy Beltrán, superintendente nacional de Salud.


Redacción. Bogotá
La Superintendencia Nacional de Salud ha confirmado una multa cercana a los 72 millones de pesos impuesta a la Gobernación del Chocó por fallas en la gestión del servicio de salud en su territorio. Se había sancionado a este departamento con 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).
 
Según ha precisado la Supersalud, esta sanción se ha dispuesto por no haber realizado el pago de manera oportuna de las obligaciones generadas en los compromisos de salud pactados en 2018, por no gestionar la prestación de servicios de Salud de manera oportuna, eficiente y con calidad a la población pobre no asegurada (PPNA) y por presentar una baja ejecución de gastos en Salud pública ese mismo año.
 
Ante esa decisión, la Gobernación ha presentado en su momento recursos de reposición y de apelación, sobre los cuales en primera instancia la Superintendencia delegada para Investigaciones Administrativas desestimó algunos de los cargos y disminuyó la sanción a 80 smlmv; decisión que, en segunda instancia al resolver el recurso de apelación, fue confirmada por el Superintendente Nacional de Salud a través de la resolución 2023162000000126-6 del pasado 16 de enero de 2023.
 
Cabe recordar que, el contexto de la anterior sanción se da con ocasión de una visita realizada por la Supersalud a la Gobernación del Chocó entre el 16 y el 20 de septiembre de 2019 para verificar y evaluar el cumplimiento de sus funciones, competencias y responsabilidades con respecto a la vigilancia y el control de la Salud frente a los procesos de financiamiento, aseguramiento, salud pública dentro de su territorio; así como la verificación de las acciones en desarrollo del Plan de Acción en Salud y el correspondiente seguimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo. La visita abarcó las vigencias 2018 y 2019.
 
Como resultado de esa visita, la Superintendencia delegada ha elevado 7 cargos en contra de la Gobernación del Chocó.
 
Al resolver el recurso de apelación, la Superintendencia ha evidenciado que la entidad territorial incurrió en incumplimientos normativos, debido a que la ejecución presupuestal de gastos correspondientes a la vigencia de 2018 llegó al 39 por ciento, los gastos de funcionamiento tuvieron una ejecución del 94 por ciento y las acciones de salud pública del 72 por ciento.
 
Una vez analizadas las pruebas y argumentos propuestos por el Departamento del Chocó, la Supersalud ha concluido que, pese a que la entidad investigada contaba con los recursos financieros disponibles, el nivel de pagos fue bajo en especial para la prestación de servicios de salud de la Población Pobre No Asegurada (PPNA), que en el 2018 llegó al 55,34 por ciento.
 
En lo que tiene que ver con los servicios de Salud dirigidos a esta población, la Supersalud ha encontrado que la Gobernación del Chocó no realizó la gestión necesaria para garantizar la atención oportuna, continua e integral durante la vigencia del 2018, puesto que los contratos para garantizar la baja complejidad no fueron suscritos por la totalidad del tiempo de la vigencia, ya que se suscribieron en el segundo semestre de 2018.
 
Asimismo, la entidad de control ha asegurado que, la Gobernación no soportó la contratación de los servicios de baja complejidad en salud durante 2018 en municipios como Quibdó, Atrato, Acandí, Nuquí, Bojayá, Río Quito, Ungía, Carmen del Darién, Riosucio, Bahía Solano, Juradó, Medio San Juan, Cantón de San Pablo, Certeguí, Río Oro y Unión Panamericana.
 
El dato
 
La Supersalud ha determinado que la Gobernación, para la vigencia de 2018, en la subcuenta de salud pública, dejó de comprometer recursos por más de 3.000 millones de pesos (equivalentes al 27,86 por ciento) y generó cuentas por pagar por 2.800 millones de pesos, que equivalen solo al 35,49 por ciento de los compromisos.
 
El último de los cargos se ha efectuado porque la Gobernación no notificó a través del Sivigila de manera oportuna el 100 por ciento de casos de mortalidad materna. La decisión fue confirmada en segunda instancia, por lo que ya no se podrán interponer más recursos.

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