Edición Médica

Integrantes de la UNAL y la representante Bleidy Pérez durante la presentación del proyecto de ley sobre talento humano en salud. (Foto: Unimedios)

Redacción. Bogotá
Colombia enfrenta un déficit y una distribución desigual del talento humano en salud en 28 de sus 32 departamentos, una brecha que continúa condicionando el acceso oportuno a los servicios en territorios rurales, dispersos y con mayores niveles de vulnerabilidad.
 
Ante este panorama, se ha radicado ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley de Talento Humano en Salud en los Territorios, iniciativa que busca articular formación, escenarios de práctica y mecanismos de permanencia para aumentar la disponibilidad de médicos, profesionales de enfermería y otros trabajadores sanitarios fuera de las grandes ciudades.
 
La propuesta ha sido liderada por la representante a la Cámara por Bogotá Bleidy del Carmen Pérez Ballestas, del Partido Liberal, y ha contado con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL). El proyecto todavía deberá surtir su trámite legislativo antes de convertirse en ley.
 
Bogotá concentra una disponibilidad cinco veces mayor que Vichada
 
Las cifras que sustentan la iniciativa muestran una marcada desigualdad territorial. Colombia cuenta con 25,35 médicos y 15,41 profesionales de enfermería por cada 10.000 habitantes, según los datos presentados en el proyecto.
 
La suma permanece por debajo de la referencia de 44,5 profesionales por cada 10.000 habitantes utilizada por la Organización Mundial de la Salud para analizar la disponibilidad de personal necesaria para avanzar hacia la cobertura sanitaria universal.

Las diferencias internas son todavía mayores. Mientras Bogotá registra 73,02 profesionales por cada 10.000 habitantes, Vichada alcanza apenas 13,89.
 
A esta brecha se suma una limitación en la capacidad formativa: 11 departamentos no cuentan con programas de educación superior que gradúen médicos, lo que puede profundizar la dependencia de profesionales formados en otras regiones y dificultar su retención posterior.
 
Plan nacional definiría territorios prioritarios
 
La primera de las tres líneas de acción propuestas es la creación de un Plan Nacional de Distribución Territorial Prioritaria, bajo el liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social.
 
Este instrumento permitiría orientar la distribución del talento humano considerando variables como necesidades epidemiológicas, pobreza multidimensional, dispersión geográfica y condiciones diferenciales de cada población.
 
El proyecto plantea priorizar especialmente los territorios PDET y ZOMAC, zonas que han enfrentado mayores afectaciones por conflicto armado, pobreza y dificultades de desarrollo institucional.
 
El objetivo no sería únicamente aumentar el número total de profesionales disponibles, sino dirigir capacidades hacia los lugares donde las brechas asistenciales son mayores.
 
Incentivos buscarían evitar que profesionales abandonen los territorios
 
La segunda línea está enfocada en la permanencia del personal sanitario. La iniciativa propone vincular la formación con las necesidades regionales y desarrollar incentivos que contemplen estabilidad laboral, apoyo para vivienda y transporte, oportunidades de formación y medidas de conciliación de la vida laboral y familiar.
 
El enfoque reconoce que llevar profesionales a un territorio no garantiza por sí mismo que permanezcan allí.
 
Para las zonas rurales y apartadas, factores como las condiciones contractuales, acceso a vivienda, posibilidades de especialización, seguridad, infraestructura y calidad de vida pueden ser determinantes para la retención del talento humano.
 
La implementación de estos incentivos sería progresiva y estaría sujeta a la disponibilidad presupuestal de cada vigencia y al Marco Fiscal de Mediano Plazo, por lo que el proyecto no establece una obligación inmediata de gasto.
 
Universidades públicas tendrían prioridad en nuevos escenarios de práctica
 
La tercera línea de la iniciativa aborda uno de los principales cuellos de botella de la formación sanitaria: la disponibilidad de escenarios de práctica y cupos de docencia-servicio.
 
Actualmente, según la información que sustenta el proyecto, el 64,4 por ciento de los escenarios de práctica aprobados son privados, mientras solo el 23,2 por ciento corresponde a servicios de baja complejidad.
 
El proyecto propone otorgar prioridad a las instituciones de educación superior públicas y al SENA para acceder a nuevos escenarios de práctica y cupos de docencia-servicio dentro de la red pública y mixta.
 
La disposición no modificaría convenios actualmente vigentes ni desconocería derechos adquiridos. El tema adquiere especial relevancia debido a que 953 municipios dependen exclusivamente de Empresas Sociales del Estado (ESE) para la prestación de sus servicios sanitarios, lo que convierte a la red pública en un actor central tanto para la atención como para la formación de nuevos profesionales.
 
Nuevas plazas deberán demostrar condiciones de calidad
 
La expansión de cupos de formación no sería automática. El proyecto plantea que cualquier nueva plaza deberá contar previamente con condiciones que garanticen una práctica adecuada, entre ellas personal docente suficiente, infraestructura, dotación tecnológica, supervisión clínica y bienestar estudiantil.
 
La verificación estaría acompañada por los ministerios de Salud y Educación y por la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud. Este componente intenta evitar que la ampliación de escenarios se traduzca simplemente en más estudiantes o residentes sin capacidad suficiente de supervisión, soporte académico o condiciones asistenciales apropiadas.
 
La discusión no es solo cuántos profesionales tiene Colombia, sino dónde están
 
El planteamiento central del proyecto pone el foco sobre una diferencia importante, y es que, un país puede aumentar el número total de profesionales y, al mismo tiempo, mantener territorios con escasa disponibilidad de personal.
 
Por esta razón, la iniciativa propone conectar la política educativa con la planificación del sistema de salud y las necesidades epidemiológicas de cada región.
 
La Universidad Nacional ha señalado que una distribución más equitativa requiere fortalecer las instituciones públicas y generar condiciones que permitan a los profesionales desarrollar su proyecto de vida en los territorios, en lugar de depender exclusivamente de obligaciones temporales o de la expectativa de que migren hacia regiones deficitarias.
 
Si avanza en el Congreso, el desafío será convertir los incentivos y criterios de distribución propuestos en mayor disponibilidad efectiva de talento humano, estabilidad laboral y continuidad de los servicios, particularmente en los departamentos que hoy concentran las mayores brechas.
 
La discusión legislativa abre así un debate de fondo para el sistema colombiano: no solo cuántos médicos y profesionales de enfermería se forman, sino qué mecanismos permitirán que estén disponibles donde la población más los necesita.

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