Edición Médica

Agamenón Quintero, presidente de la ACSC.

Redacción. Bogotá
La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) ha hecho un llamado directo a los senadores de la Comisión Séptima para que el reinicio del debate del Proyecto de Ley 410 de 2024, que propone una reforma estructural al sistema de salud, se realice bajo criterios técnicos, de responsabilidad pública y con plena conciencia del impacto sanitario que implica.
 
En un comunicado oficial, el gremio ha alertado que el país enfrenta una crisis asistencial sin precedentes, con cierres de servicios, desabastecimiento de medicamentos y deterioro progresivo de las condiciones laborales del talento humano en salud, problemas que, aseguran, se han profundizado en los últimos tres años.
 
La ACSC ha subrayado que, mientras el Gobierno insistía en la necesidad de una reforma estructural, el sistema continuó debilitándose. Entre los datos presentados destacan:
   
A estas cifras se suma el testimonio de la médica Zaira Reyes durante la visita presidencial al Huila, citado en el comunicado, donde señaló problemáticas persistentes como contratación por prestación de servicios, politización en el nombramiento de personal en ESE públicas, recortes injustificados y fallas en el suministro de medicamentos.
 
“Estas barreras vulneran la autonomía médica y afectan la seguridad del paciente”, ha remarcado la ACSC, recordando que estos elementos son principios reconocidos en la Ley Estatutaria de Salud (1751).
 
Incertidumbre financiera y riesgos estructurales

El gremio también cuestionó la viabilidad económica de la reforma planteada. Con base en documentos oficiales, advierte que la transición requeriría al menos tres años, periodo en el cual las fallas actuales podrían profundizarse.
 
Asimismo, han resaltado que no existe respaldo financiero sólido, luego de que el Ministerio de Hacienda condicionara la sostenibilidad del proyecto a una Ley de Financiamiento que podría ser archivada.
 
Según ha precisado la ACSC, centralizar múltiples funciones en la ADRES sin claridad operativa ni soporte jurídico suficiente “abre la puerta a un retroceso en el derecho a la salud”, lo que contravendría el principio de progresividad exigido por la Ley Estatutaria.
 
Rigor técnico y responsabilidad pública
 
De ese modo, la Asociación ha hecho énfasis en que la discusión legislativa debe ir más allá de posiciones políticas. “La salud de todos los habitantes del territorio nacional está en sus manos”, ha puntualizado el presidente de la ACSC, Agamenón Quintero, quien pidió evaluar el proyecto con “serenidad, valentía y responsabilidad”.
 
El gremio ha expresado nuevamente su disposición a acompañar un proceso de construcción de una reforma robusta, financieramente sostenible y basada en evidencia. Sin embargo, advirtió que aprobar el proyecto en su forma actual podría profundizar la crisis: “habrá más vidas afectadas, más servicios cerrados y más pacientes desprotegidos”.

 
 

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