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Salud Pública
ATENCIÓN COMUNITARIA
Brechas territoriales limitan la atención en salud mental de niños y jóvenes del Pacífico, advierte la Defensoría
El informe recomienda mejorar la detección temprana, el seguimiento y la articulación de servicios
Miércoles, 07 de octubre de 2026, a las 11:09

Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo.


Redacción. Bogotá
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Defensoría del Pueblo ha presentado el estudio “Buen futuro en el Pacífico colombiano”, que analiza las trayectorias de salud mental y la conducta suicida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el Chocó, el Pacífico medio y el Pacífico nariñense.
 
El informe reconoce que estas trayectorias no se explican únicamente por experiencias individuales, también están relacionadas con contextos históricamente atravesados por desigualdades, exclusión, racismo, violencias y conflicto armado, que pueden afectar las posibilidades de bienestar y de construir un proyecto de vida.
 
Asimismo, la Defensoría ha advertido sobre las brechas que enfrentan niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Pacífico colombiano para acceder a protección y atención en salud mental.
 
Entre 2021 y 2025 se registraron 1.533 intentos de suicidio en la población estudiada: 453 en Chocó, 425 en el Pacífico medio y 655 en el Pacífico nariñense. Durante el mismo periodo se documentaron 122 muertes por suicidio, distribuidas en 39 casos en Chocó, 32 en el Pacífico medio y 51 en el Pacífico nariñense.
 
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, ha señalado que el concepto de “Buen Futuro” implica garantizar condiciones para que cada persona pueda desarrollar un proyecto de vida. “Que cada joven del Pacífico pueda construir su propio proyecto de vida y recuperar la esperanza”, ha afirmado durante la presentación del informe.
 
Leer las cifras junto al subregistro
 
El documento ha señalado que durante 2025 el Instituto Nacional de Salud registró 26.344 intentos de suicidio en personas entre 5 y 28 años en Colombia, equivalentes a una incidencia de 129,1 casos por cada 100.000 habitantes de ese grupo de edad.
 
En los municipios priorizados por el estudio se notificaron 351 casos, correspondientes al 1,3 por ciento del total nacional. De ellos, 163 se registraron en el Pacífico nariñense, con una incidencia de 66 por cada 100.000 habitantes; 123 en Chocó, con una incidencia de 42,6; y 65 en el Pacífico medio, con 32,8 casos por cada 100.000.
 
Sin embargo, la Defensoría ha advertido que estas cifras deben interpretarse teniendo en cuenta factores como el subregistro, la dispersión geográfica y las barreras para acceder a servicios de salud y otros derechos, por lo que los registros oficiales podrían no reflejar completamente la magnitud del problema.
 
Violencia, pobreza y falta de oportunidades atraviesan la salud mental
 
Uno de los principales planteamientos del informe es que la conducta suicida no puede comprenderse únicamente como un problema individual o clínico. La investigación la ubica en la interacción de factores estructurales, territoriales, comunitarios, familiares e individuales.
 
En el litoral Pacífico, estas trayectorias están atravesadas por condiciones como desplazamiento forzado, confinamiento, amenazas, reclutamiento de menores de edad, pobreza multidimensional, inseguridad alimentaria y falta de oportunidades educativas y laborales.
 
Municipios como Tumaco y Buenaventura, junto con distintos territorios del Chocó, presentan además altos niveles de afectación por el conflicto y otras violencias, situaciones que, según la Defensoría, pueden repercutir sobre el bienestar emocional, los vínculos comunitarios y la percepción de futuro de niños, adolescentes y jóvenes.
 
Los testimonios recogidos en Tumaco, Barbacoas, Guapi, Buenaventura y Quibdó también han mostrado que la salud mental está estrechamente relacionada con la familia, el territorio, la educación, el deporte, la música, la espiritualidad y la participación comunitaria.
 
Oferta de servicios presenta brechas territoriales
 
El estudio ha identificado 325 servicios de salud mental registrados en los municipios analizados, equivalentes a 18,8 por cada 100.000 habitantes. No obstante, la Defensoría ha advertido que esta oferta presenta desigualdades importantes entre territorios, especialmente en áreas rurales y en el acceso a atención especializada.
 
Ante esta situación, el informe recomienda ampliar y organizar la red existente, fortalecer las modalidades comunitarias e incorporar respuestas interculturales que reconozcan los sistemas propios de cuidado y sanación de los pueblos indígenas y de las comunidades negras y afrocolombianas.
 
Defensoría propone una ruta inmediata frente al riesgo suicida
 
Entre las principales recomendaciones, la entidad ha planteado establecer una estrategia intersectorial territorializada para el Pacífico, con participación de los sectores salud, educación, protección, deporte, cultura, ambiente y justicia.
 
También propone activar una ruta territorial inmediata frente al riesgo suicida, con responsabilidades definidas para identificar, orientar, remitir, confirmar la atención y realizar seguimiento a cada caso.
 
El informe plantea además fortalecer la detección temprana en escuelas y entornos educativos, mejorar los sistemas de información sobre conducta suicida, consolidar redes comunitarias de cuidado y financiar la articulación de los sistemas tradicionales de cuidado con las redes institucionales de salud mental.
 
La Defensoría ha señalado que la respuesta sanitaria debe superar un enfoque centrado exclusivamente en la atención posterior a la crisis. Para la entidad, proteger la salud mental de las nuevas generaciones exige actuar también sobre las condiciones materiales, sociales, culturales y territoriales que determinan la posibilidad de construir y sostener un proyecto de vida.
 
El informe deja así un reto para las autoridades nacionales y territoriales: convertir la vigilancia de la conducta suicida en acciones intersectoriales, atención oportuna y seguimiento efectivo, especialmente en comunidades donde la distancia geográfica, las inequidades y la violencia continúan limitando el acceso a servicios y oportunidades.


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