Edición Médica

Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de ACEMI.

Redacción. Bogotá
La definición del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026 se ha convertido en uno de los debates más relevantes para la sostenibilidad del sistema de salud colombiano. Esta prima, que determina los recursos asignados por cada afiliado para financiar los servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, enfrenta un escenario particularmente crítico debido al deterioro financiero del sistema.
 
El aumento sostenido de las peticiones, quejas y reclamos (PQR), que pasaron de 1,3 millones en 2023 a 1,6 millones en 2024, según la Contraloría General de la República, evidencia la presión creciente sobre el aseguramiento y la prestación.
 
Gremios advierten que la metodología vigente no refleja los costos reales
 
Afidro, que agrupa a las compañías farmacéuticas de investigación en el país, advirtió desde hace varios meses que la metodología empleada para calcular la UPC no responde a la dinámica actual del sistema ni a sus costos reales.
 
“Ignorar la trazabilidad y la eficiencia del gasto no permitirá un cálculo adecuado. La UPC hoy no cubre el costo real de los servicios. Se requieren nuevas fuentes de financiación y mayor rigor técnico”, señaló su presidente, Ignacio Gaitán.
 
El gremio insiste en que el cálculo no puede depender únicamente de la inflación general, pues esta no captura variables como la expansión epidemiológica, el aumento de frecuencias y los costos asociados a tecnologías y medicamentos innovadores.
 
ACEMI proyecta un ajuste necesario de 17,33 por ciento para 2026
 
A esta discusión se ha sumado el reciente análisis actuarial publicado por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), que concluye que la UPC del régimen contributivo debería incrementarse en 17,33 por ciento para garantizar la suficiencia financiera del sistema en 2026.
 
El estudio, basado en información del Ministerio de Salud y de las EPS agremiadas, advierte que el gasto en salud reportado en 2024, sumado al impacto de la inflación médica y al aumento de frecuencias, supera ampliamente la prima vigente.
 
ACEMI ha alertado que el proceso metodológico preliminar utilizado por el Gobierno excluyó el 6,3 por ciento del gasto real reportado por las EPS afiliadas, equivalente a más de 2,1 billones de pesos en servicios efectivamente prestados y no reconocidos en el cálculo.
 
Según ha indicado el gremio, este ajuste implicaría una subestimación de la UPC, debilitando la capacidad operativa de las aseguradoras para financiar servicios esenciales y garantizando un déficit estructural desde el inicio de la vigencia.
 
Un déficit acumulado que ya supera los 9 billones de pesos
 
El panorama financiero del sistema continúa deteriorándose. Informes enviados a la Superintendencia Nacional de Salud muestran que la siniestralidad del régimen contributivo superó el 111 por ciento en 2025, reflejando un gasto mayor a los ingresos.

ACEMI estima que el déficit acumulado del periodo podría cerrar 2025 en 9 billones de pesos, cifra que agrava la cartera pendiente con hospitales, clínicas y proveedores. “Los agentes del sistema operan con una prima insuficiente y en condiciones de precariedad que afectan directamente la oportunidad y calidad de la atención”, ha alertado la agremiación.
 
El requerimiento financiero total para cubrir los costos proyectados en 2026 sería del orden de 15,3 billones de peso, a lo que se suma el incremento del 17 por ciento en el presupuesto general de salud para el próximo año, que agrega $10,5 billones adicionales. ACEMI señala que estas fuentes deben complementarse con rentas territoriales, contribuciones parafiscales y otras herramientas que permitan garantizar la suficiencia del ajuste.
 
Llamado a decisiones técnicas, oportunas y transparentes
 
El gremio ha instado al Ministerio de Salud y a la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas a adoptar un cálculo “riguroso, reproducible y suficiente”, en cumplimiento de la orden de la Corte Constitucional sobre la reconstrucción metodológica de la UPC.
 
Para el sector, la discusión no es exclusivamente financiera, sino sanitaria: una prima insuficiente se traduce en mayor carga de enfermedad, retrasos en la atención y deterioro progresivo del sistema. “El sistema no soporta un año más con una prima insuficiente. La sostenibilidad del aseguramiento y la protección financiera de la población dependen de decisiones técnicas basadas en evidencia”, ha concluido ACEMI.
 
Según ha reforzado Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de ACEMI, el incremento del cálculo de la UPC es necesario para que el sistema de salud funcione correctamente. La estabilización del sector depende de un análisis técnico y de la voluntad política, beneficiando principalmente a los pacientes.

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