Edición Médica

La Contraloría evidencia una desigualdad estructural en la distribución de los recursos.

Redacción. Bogotá
La Contraloría General de la República ha reiterado la advertencia formulada en 2023 a la Superintendencia Nacional de Salud sobre el deterioro del flujo de recursos hacia la red hospitalaria pública y amplió su llamado al Ministerio de Salud y Protección Social, al concluir que la crisis financiera del sistema de salud se ha profundizado de manera significativa y compromete seriamente la sostenibilidad del sector en Colombia.
 
De acuerdo con el análisis del ente de control, aunque el giro directo de la ADRES registró un aumento del 27,2 por ciento entre 2024 y 2025, este incremento no se ha traducido en una mejora real de la liquidez de los hospitales públicos. Por el contrario, la deuda del sistema pasó de 12,5 de pesos billones en 2024 a 16,28 billones de pesos entre enero y septiembre de 2025, lo que representa un crecimiento cercano al 30 por ciento en apenas nueve meses.
 
Pagos tardíos y presión sobre la red pública
 
La Contraloría ha advertido que los pagos parciales, tardíos o inexistentes por parte de las EPS, incluidas aquellas bajo intervención, continúan afectando el flujo efectivo de recursos hacia los prestadores públicos. Esta situación tiene un impacto directo en la continuidad, oportunidad y calidad de los servicios de salud, así como en la estabilidad financiera de las Empresas Sociales del Estado (ESE).
 
El informe también pone en evidencia una desigualdad estructural en la distribución de los recursos. Durante 2025, los prestadores privados concentraron el 67,7 por ciento del giro directo, mientras que los hospitales públicos accedieron solo al 23,2 por ciento, consolidando un escenario en el que, de manera general, cerca del 80 por ciento de los recursos fluye hacia el sector privado y apenas el 20 por ciento hacia el público.
 
El deterioro del flujo de recursos se refleja en la oportunidad de pago a la red pública hospitalaria. En 2024, los hospitales facturaron 18,8 billones de pesos, pero recibieron pagos por el 84 por ciento de ese valor. Entre enero y septiembre de 2025, la situación se agravó, con pagos que alcanzaron solo el 77 por ciento de lo facturado, lo que representa una caída de siete puntos porcentuales.
 
La Contraloría ha alertado que esta reducción afecta a todos los niveles de complejidad, con especial impacto en los hospitales de nivel II y III, responsables de la atención de servicios de mediana y alta complejidad, cuya sostenibilidad operativa se encuentra cada vez más comprometida.
 
Llamado al Ministerio de Salud y a la Supersalud
 
Ante este panorama, el órgano de control ha vinculado directamente al Ministerio de Salud y Protección Social, en su calidad de rector del sistema, al considerar que la problemática afecta los mecanismos de financiación y supervisión del flujo de recursos. Asimismo, reiteró el llamado a la Superintendencia Nacional de Salud para que adopte medidas más eficaces frente a las EPS con mayores niveles de deuda.
 
Por su parte, la Supersalud ha subrayado que, una vez se tenga el documento oficial, se tendrá en cuenta para continuar con las acciones de inspección, vigilancia y control que le corresponden, mediante las cuales se tomarán las medidas a que haya lugar, en el marco de sus competencias y se dará traslado a las entidades competentes.
 
La entidad de control ha recalcado que, no gerencia ni administra las EPS intervenidas, y que, ante la crisis estructural del sistema, que se ha advertido a la opinión pública en comunicados anteriores, seguirá adelantando sus acciones de inspección, vigilancia y control para garantizar el derecho a la salud de todos los usuarios del Sistema.
 
Finalmente, la Contraloría ha advertido que las demoras en los giros aumentan el riesgo de desfinanciamiento institucional y podrían derivar en un daño patrimonial al Estado, con consecuencias directas sobre la garantía del derecho fundamental a la Salud de millones de colombianos.

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