Edición Médica

Iris Marín Ortíz, Defensora del Pueblo.

Redacción. Bogotá
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, la Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta técnica sobre la magnitud y el impacto de este trastorno en Colombia, subrayando los retos persistentes para el sistema de salud en términos de acceso, oportunidad y calidad de la atención. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de Salud y Protección Social, el 4,7 por ciento de la población colombiana padece depresión, lo que equivale a cerca de 2,5 millones de personas.
   

Esta prevalencia supera el promedio mundial, estimado por la OMS en 3,8 por ciento, lo que posiciona a Colombia por encima de la media global y evidencia una carga adicional para los servicios de salud mental. Para los profesionales del sector, estos datos refuerzan la necesidad de fortalecer los procesos de detección temprana, diagnóstico oportuno y seguimiento clínico integral en todos los niveles de atención.
 
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por la Defensoría es la limitada cobertura de atención especializada. Se estima que solo alrededor del 20 por ciento de las personas con depresión mayor recibe tratamiento profesional adecuado, lo que deja a una amplia proporción de pacientes sin acceso efectivo a intervenciones basadas en evidencia.
Esta brecha tiene implicaciones directas en la evolución clínica de la enfermedad, el riesgo de recaídas, la aparición de comorbilidades y el aumento de la discapacidad asociada, además de incrementar la presión sobre los servicios de urgencias y hospitalización, especialmente en contextos donde la atención primaria no logra resolver oportunamente la demanda en salud mental.

Un reto que supera el promedio mundial

El comportamiento epidemiológico de la depresión en Colombia, al superar los indicadores globales, confirma la necesidad de revisar y fortalecer las políticas públicas en salud mental. La Defensoría ha enfatizado la importancia de mejorar el acceso efectivo a servicios, con especial atención a territorios y poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, donde persisten barreras geográficas, económicas y administrativas.

Desde una perspectiva técnica, el escenario descrito demanda mayor articulación entre atención primaria y servicios especializados, así como el fortalecimiento del talento humano en salud mental y la implementación de modelos de atención centrados en la persona.

La salud mental como derecho humano

La Defensoría del Pueblo reiteró que la salud mental es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado de manera integral, oportuna y digna. Ha hecho un llamado especial a priorizar acciones dirigidas a jóvenes y población universitaria, grupos en los que se han incrementado de forma significativa los riesgos psicosociales en los últimos años.
En este contexto, la entidad anunció que continuará promoviendo estrategias de prevención, el fortalecimiento de líneas de atención y campañas pedagógicas orientadas a consolidar redes de apoyo, fomentar el cuidado emocional y combatir la estigmatización asociada a los trastornos mentales.

Finalmente, la Defensoría ha instado a una respuesta urgente y articulada entre el Estado, los prestadores de servicios de salud y la sociedad en general para eliminar barreras de acceso, reducir estigmas y garantizar el derecho fundamental a la salud mental. Para los profesionales de la salud, el mensaje es claro: la depresión constituye un problema prioritario de salud pública que exige acciones sostenidas, basadas en evidencia y con enfoque de derechos.
 

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