Edición Médica

Augusto Galán, director del observatorio Así Vamos en Salud.

Redacción. Bogotá
El sistema de aseguramiento en salud en Colombia enfrenta un deterioro financiero sostenido que ya configura un escenario de insolvencia estructural para las Entidades Promotoras de Salud (EPS), con implicaciones directas para la prestación de servicios y la continuidad de la atención. Así lo advierte el informe Panorama general del contexto financiero de las EPS, con corte a diciembre de 2025.
 
De acuerdo con el análisis, el conjunto de EPS pasó de registrar un patrimonio positivo cercano a 110 mil millones de pesos en 2021 a un patrimonio negativo de 16,86 billones en 2025, lo que evidencia un deterioro progresivo de la capacidad financiera del sistema. Este comportamiento refleja que el pasivo supera ampliamente los activos y limita la posibilidad de cubrir las obligaciones con los prestadores y proveedores.
 
El documento señala que esta situación no responde principalmente a problemas administrativos, sino a una insuficiencia estructural de recursos frente al costo real de la atención. La siniestralidad global alcanzó el 109 por ciento en 2025, lo que significa que por cada 100 pesos que reciben las EPS, deben destinar más de 100 pesos para cubrir los costos en salud, generando pérdidas sistemáticas.
 
Déficit operacional y aumento del endeudamiento
 
El deterioro financiero también se refleja en el incremento del endeudamiento del sistema. Mientras en 2021 la relación pasivo-activo era cercana a 0,99, para 2025 ascendió a 1,93, lo que implica que los activos están financiados principalmente con deuda. En términos prácticos, por cada 100 pesos en activos, las EPS mantienen obligaciones cercanas a 193 de pesos, con un faltante aproximado de 93 pesos.
 
En paralelo, los costos médicos y los gastos de administración han superado los ingresos operacionales de manera constante entre 2021 y 2025. El informe advierte que en 2025 las EPS necesitaron 109 pesos por cada 100 recibidos, generando un déficit operacional que se traduce en pérdidas acumuladas y mayor presión financiera sobre el sistema.
 
Impacto para la prestación de servicios
 
El análisis también concluye que la liquidación de EPS no resolvería el problema de fondo, debido a que el desbalance es estructural. Estas decisiones podrían trasladar el déficit a otras entidades o al Estado, además de generar riesgos en la continuidad de la atención para millones de afiliados.
 
Este contexto implica mayores retos operativos, presiones en la red prestadora y la necesidad de fortalecer estrategias de sostenibilidad, gestión del riesgo y eficiencia en el uso de los recursos. El informe plantea que el sistema requiere ajustes estructurales que permitan equilibrar ingresos y costos y garantizar la continuidad de la atención.

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