Edición Médica

Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de AFIDRO.

Redacción. Bogotá
Entre 2022 y 2026, el sector Salud en Colombia ha registrado uno de los mayores incrementos presupuestales de las últimas décadas, según ha dado a conocer recientemente el Ministerio de Salud y Protección Social. De acuerdo con cifras oficiales, el Presupuesto General de la Nación asignado a la cartera de Salud ha crecido un 51,4 por ciento en términos reales, lo que representa 25 billones de pesos adicionales y un aumento equivalente a 1,4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), calculados a precios constantes de 2025.
 
Este crecimiento, según ha indicado el Gobierno Nacional, responde a una estrategia orientada a cerrar brechas históricas en el acceso y la financiación del sistema, así como a garantizar el derecho fundamental a la salud. De manera complementaria, la Unidad de Pago por Capitación (UPC) presentó un crecimiento real acumulado del 30,4 por ciento entre 2022 y 2026, lo que equivale a 22,9 billones de pesos adicionales y a 1,3 puntos del PIB.
 
Para la vigencia 2026, la UPC se fijó en 1.541.706 de pesos para el régimen subsidiado y en 1.658.912 para el régimen contributivo, tras incrementos del 16,5 y del 9,03 por ciento, respectivamente. Estos ajustes buscan cumplir las órdenes de la Corte Constitucional y reducir la brecha entre ambos regímenes, un avance relevante en términos de equidad financiera del aseguramiento.
 
No obstante, distintos actores del sector advierten que, pese al aumento global de recursos, el ajuste de la UPC resulta insuficiente para responder a los costos reales y crecientes del sistema. La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) ha expresado su preocupación frente al incremento definido para 2026, señalando que, según sus estimaciones técnicas, el ajuste requerido para garantizar la sostenibilidad financiera debía ser del 15 por ciento.
 
“El incremento del 9,03 por ciento para el régimen contributivo queda casi seis puntos porcentuales por debajo del umbral necesario, lo que genera un desfinanciamiento estructural que se traducirá en mayores barreras de acceso y deterioro de la atención”, ha advertido Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de AFIDRO. Desde la asociación se insiste en que el ajuste anunciado no refleja el crecimiento real del gasto en salud, marcado por una demanda creciente, el envejecimiento poblacional y la incorporación constante de nuevas tecnologías y tratamientos.
 
AFIDRO también ha cuestionado la falta de consensos en las mesas técnicas de la UPC y el cumplimiento parcial de las órdenes de la Corte Constitucional, que desde 2011 ha advertido sobre fallas en la metodología de cálculo. En los Autos 007 y 089 de 2025, el alto tribunal reiteró la necesidad de garantizar la suficiencia de los recursos, una condición que, según la industria farmacéutica, aún no se ha alcanzado.
 
Las alertas se sustentan en indicadores recientes del sistema: solo en el primer semestre de 2025 se cerraron más de 6.000 servicios de Salud; el gasto de bolsillo de los hogares aumentó de 14,2 por ciento en 2021 a 16,8 por ciento en 2024, alcanzando 14,5 billones de pesos; y, de acuerdo con la Fundación Retorno Vital, algunos pacientes esperan más de 250 días para recibir medicamentos. Estos datos reflejan un deterioro progresivo que impacta directamente la oportunidad y continuidad de la atención.
 
Para los profesionales de la Salud y los prestadores de servicios, el debate sobre la UPC va más allá del porcentaje de incremento. De ella dependen los recursos para medicamentos, talento humano, hospitales, clínicas y dispositivos médicos, por lo que una UPC subestimada se convierte en un riesgo crítico para la estabilidad financiera del sistema y la garantía efectiva del derecho a la salud.
 
En este contexto, AFIDRO ha propuesto avanzar hacia una metodología de cálculo más técnica, transparente y participativa, basada en datos completos y verificables. Asimismo, planteó la creación de un fondo de saneamiento para saldar deudas históricas con los prestadores y explorar mecanismos innovadores de financiamiento, como asociaciones público-privadas y bonos de impacto social.
 
El incremento presupuestal y de la UPC marca un esfuerzo fiscal significativo para el Estado; sin embargo, el desafío estructural sigue siendo que estos recursos resulten suficientes, oportunos y efectivamente trasladados a la red prestadora. Para el sector salud, el reto inmediato es evitar que la brecha entre la financiación y las necesidades reales del sistema siga profundizándose, con los pacientes como los principales afectados.

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