Noticias relacionadas
-
OPS emite alerta por repunte de chikungunya en las Américas y reactivación de transmisión autóctona
-
INS insta a hospitales y clínicas a garantizar disponibilidad de antivenenos ante aumento de accidentes ofídicos
-
Proyecto Distrital sobre atención materna excedería competencias del Concejo, según la Secretaría de Salud de Bogotá
-
Vacunación materna contra el VSR supera el 117 % de la meta y refuerza la protección neonatal en Colombia
-
Desde OPSLa tormenta que podemos evitarpor Jarbas Barbosa. -
ReflexionesReforma del Sistema de Salud en Colombia: Reflexiones para el debatepor Pedro Amariles Muñoz -
Genética y CienciaAvances en el Síndrome de Downpor César Paz-y-Miño -
En contextoNo hay aún evidencia sólida de eficacia de hidroxicloroquina en el tratamiento CoVID19por Raquel Herrera Comoglio
Salud Pública
MODELO ESTRUCTURAL
Presunto déficit y contratos sin liquidar en Fondo de Salud para PPL llegan a entes de control
MinSalud advierte aprobación presupuestal sin aval del Consejo Directivo y omisiones en la implementación del nuevo modelo ordenado por la Corte Constitucional
Jueves, 12 de febrero de 2026, a las 11:07
La población intramural (aproximadamente 104.000 personas) no estaría afiliada. |
Redacción. Bogotá
El Ministerio de Salud y Protección Social ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y remitió copia a la Procuraduría y a la Contraloría por presuntas irregularidades en la administración de recursos y en la prestación de servicios de salud a la población privada de la libertad (PPL).
La decisión se ha adoptado en el marco de las funciones que ejerce la cartera como integrante del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para Personas Privadas de la Libertad, creado por la Ley 1709 de 2014. Según el Ministerio, se habrían adelantado actuaciones por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) y la FIDUPREVISORA sin la revisión ni aprobación del Consejo, requisito exigido por la ley.
De acuerdo con la Ley 1122 de 2007, las personas privadas de la libertad deben estar afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Sin embargo, el Ministerio ha evidenciado que la población intramural (aproximadamente 104.000 personas) no estaría afiliada, y que la atención se estaría prestando mediante operadores contratados directamente por la FIDUPREVISORA.
En contraste, cerca de 48.000 personas en prisión domiciliaria sí permanecen afiliadas al régimen subsidiado y reciben atención a través de EPS, lo que configura un tratamiento diferenciado cuya legalidad ahora es objeto de solicitud de investigación.
Entre los hallazgos puestos en conocimiento de los entes de control se encuentran:
-Aprobación del presupuesto 2026 sin revisión del Consejo Directivo, incluyendo un déficit superior a $70.000 millones imputado a la ADRES sin análisis técnico ni aval del órgano colegiado.
-Desafiliación de personas privadas de la libertad del SGSSS, pese a la obligación legal de garantizar su aseguramiento.
-Pasivos sin respaldo presupuestal ni auditoría certificada, a pesar de recomendaciones de la Contaduría General de la Nación. La ADRES reportó valores pendientes de giro por más de 52.000 millones de pesos asociados a población en prisión domiciliaria.
-Contratos fiduciarios sin liquidar, como el Contrato 145 de 2019, que habría generado una pérdida de $81.000 millones, y el Contrato 059 de 2023, aún sin liquidación dentro del término legal.
-Contratación de una consultoría por 400 millones de pesos para evaluar el modelo de atención en salud, cuyo informe no habría cumplido el objeto contractual, motivo por el cual se solicitó declarar el incumplimiento.
Adicional a ello, el Ministerio ha indicado que en julio de 2025 el Consejo Directivo ordenó reformular el modelo de atención en salud de la PPL y avanzar en su afiliación al régimen subsidiado, en cumplimiento de la Sentencia T-494 de 2023 de la Corte Constitucional. Según la cartera, estas decisiones no se habrían implementado.-Desafiliación de personas privadas de la libertad del SGSSS, pese a la obligación legal de garantizar su aseguramiento.
-Pasivos sin respaldo presupuestal ni auditoría certificada, a pesar de recomendaciones de la Contaduría General de la Nación. La ADRES reportó valores pendientes de giro por más de 52.000 millones de pesos asociados a población en prisión domiciliaria.
-Contratos fiduciarios sin liquidar, como el Contrato 145 de 2019, que habría generado una pérdida de $81.000 millones, y el Contrato 059 de 2023, aún sin liquidación dentro del término legal.
-Contratación de una consultoría por 400 millones de pesos para evaluar el modelo de atención en salud, cuyo informe no habría cumplido el objeto contractual, motivo por el cual se solicitó declarar el incumplimiento.
Implicaciones para el sistema de salud
El Decreto 2245 de 2015 ha reglamentado un modelo especial de atención para esta población, pero la Corte Constitucional ha advertido fallas estructurales que afectan la garantía del derecho fundamental a la salud de las personas privadas de la libertad.
En este contexto, el Ministerio de Salud, junto con los ministerios de Justicia y Hacienda, han asegurado que trabajan en medidas para asegurar la afiliación al SGSSS y adoptar un nuevo modelo de atención que garantice integralidad, oportunidad y calidad en la prestación de servicios.
