Edición Médica

Guillermo Jaramillo, ministro de Salud.

Redacción. Bogotá
En el marco de las recientes declaraciones emitidas por la titular de ACEMI, Ana María Vesga, el Ministerio de Salud y Protección Social ha cuestionado que el gremio de las EPS continúe solicitando mayores recursos para el sistema sin responder, según la cartera, por presuntas irregularidades detectadas en el manejo de dineros públicos de la Salud.
 
A través de un comunicado oficial, el Ministerio ha asegurado que el debate sobre la crisis financiera del sistema no puede reducirse únicamente a la afirmación de que “la UPC no alcanza”, cuando existen investigaciones, sanciones y hallazgos de organismos de control relacionados con la administración de recursos por parte de algunas EPS.
 
En ese sentido, el Gobierno ha rechazado las afirmaciones según las cuales el actual modelo enfrenta una desfinanciación atribuible a la administración nacional. Según cifras oficiales citadas por el Ministerio, entre 2022 y 2026 el presupuesto del sector salud aumentó 51,4 por ciento, equivalente a más de 25 billones de pesos adicionales a precios constantes de 2025.
 
Asimismo, la cartera ha resaltado que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) registró un crecimiento acumulado real del 28 por ciento, lo que representa cerca de 21 billones de pesos adicionales destinados al aseguramiento en Salud.
 
Para 2026, el Gobierno fijó la UPC del régimen contributivo en 1.658.912 pesos y la del régimen subsidiado en 1.541.706, con giros promedio ajustados por edad, sexo y territorio superiores a los 2,2 millones en contributivo y 1,9 millones en subsidiado.
 
El Ministerio ha destacado, además, que el incremento del régimen subsidiado fue superior al contributivo para reducir brechas históricas entre ambos esquemas de aseguramiento, en línea con el seguimiento de la Corte Constitucional de Colombia a la Sentencia T-760 de 2008.
 
Gobierno recuerda sanciones e investigaciones contra EPS
 
En el comunicado, el Ministerio recordó antecedentes regulatorios y judiciales relacionados con EPS afiliadas a ACEMI. La cartera mencionó la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución 46111 de 2011, en la que varias EPS y ACEMI fueron encontradas responsables de prácticas anticompetitivas relacionadas con el manejo de información y criterios de cobertura en salud.

También señaló investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación sobre presuntos fraudes financieros y reportes relacionados con cobros irregulares por afiliados fallecidos, duplicidad de registros, recobros fraudulentos, sobrecontratación; así como el uso indebido de recursos públicos y alteraciones contables para evitar intervenciones.
 
A esto se suman observaciones de la Contraloría General de la República sobre posibles inconsistencias financieras y ocultamiento de deudas en el sistema.
 
MinSalud asegura que no existen evidencias de insuficiencia estructural de la UPC
 
El Ministerio ha aseverado que los estudios técnicos realizados con información reportada por las propias EPS no evidencian, hasta el momento, alertas actuariales que demuestren una insuficiencia estructural de la UPC.
 
Por el contrario, indicó que las principales dificultades identificadas corresponden a problemas de gestión del riesgo, organización de redes de atención y oportunidad en la prestación de servicios. “La función de una EPS no es simplemente recibir plata y pagar facturas”, ha señalado la cartera, insistiendo en que las aseguradoras deben garantizar acceso efectivo, continuidad de tratamientos y uso adecuado de recursos públicos.
 
Sobre copagos y beneficios
 
El Ministerio también cuestionó algunas propuestas contenidas en el documento “Propuestas de estabilización, recuperación y fortalecimiento del sistema de salud en Colombia 2026-2030”, presentado por ACEMI.
 
Según la cartera, medidas como aumentar copagos y cuotas moderadoras, limitar el Plan de Beneficios en Salud (PBS), reducir el giro directo a prestadores y ampliar la integración vertical serían regresivas y contrarias al derecho fundamental a la salud. “El sistema necesita financiación suficiente, pero también transparencia, control y responsabilidad”, ha enfatizado el Ministerio.
 
Gremios del sector mantienen presión sobre ajuste de la UPC

Aunque el Gobierno rechazó las críticas de ACEMI, distintos actores del sistema continúan insistiendo en la necesidad de revisar técnicamente la UPC. Entre ellos se encuentran Gestarsalud, Asocajas, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas; y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.
 
Estos gremios han sostenido ante la Corte Constitucional y mesas técnicas que el valor actual de la UPC no refleja completamente el crecimiento de costos médicos, tecnologías sanitarias y medicamentos de alto costo incorporados al sistema.
 
Debate sobre sostenibilidad financiera sigue escalando
 
La controversia entre el Gobierno y los gremios del aseguramiento ocurre en medio de un escenario marcado por deudas crecientes, crisis de medicamentos, aumento de tutelas y tensiones sobre la sostenibilidad financiera del sistema.
 
El debate sobre la suficiencia de la UPC, la gestión de recursos por parte de las EPS y el futuro del modelo de aseguramiento continúa consolidándose como uno de los temas más sensibles para el sector salud colombiano y para los médicos que enfrentan diariamente las consecuencias operativas de la crisis asistencial.
 

---