Edición Médica

Ulahí Beltrán López, superintendente nacional de Salud.

Redacción. Bogotá
El superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, ha reiterado el derecho de los usuarios para exigir una atención en Salud digna y que las EPS deben garantizar el aseguramiento de la población, conforme a las normas vigentes, mientras continúen recibiendo los recursos del Estado.
 
“Los ciudadanos pueden estar tranquilos porque el mensaje del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social es claro: Las EPS no pueden desatender a los usuarios y pacientes con la excusa de que no hay recursos porque el Gobierno no tiene deudas pendientes con las EPS frente a Unidad de pago por capitación (UPC)”, ha dicho el superintendente.
 
Además, el funcionario ha indicado que desde el ente de control y vigilancia se realiza un seguimiento estricto a la garantía de la prestación de los servicios a los afiliados y al buen uso de los recursos públicos del sistema, para que se haga efectivo el goce del derecho constitucional a la Salud.
 
En ese sentido, el superintendente ha asegurado que la actual administración de la entidad intensifica acciones de inspección vigilancia y control que propenden por la garantía integral del acceso al derecho fundamental a la salud.
  No obstante, en este primer año de gestión, Beltrán ha precisado que se adoptaron “medidas pertinentes para proteger del daño a los afiliados por falta de atención y a los recursos públicos destinados para el goce efectivo del derecho a la Salud”.
 
El supersalud ha agregado que, desde la entidad se está trabajando por un sistema de salud equitativo y con mayor capacidad resolutiva, que ya está marcha, con la nueva política para la gestión de los reclamos en salud de los usuarios.
 
El dato
 
Beltrán López ha dado a conocer que la nueva metodología de radicación de reclamos, que se puede consultar en el sitio web: www.supersalud.gov.co, tiene en cuenta 37 motivos que permiten la evaluación masiva de las reclamaciones, teniendo en cuenta el tipo y riesgo que representa para el usuario.
 
De esta manera, los reclamos de riesgo vital se deben resolver de fondo en máximo 24 horas por parte del vigilado; los de riesgo priorizado en 48 horas y, los de riesgo simple, cuentan con 72 horas para su resolución.
 

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