Edición Médica

Nueva EPS y Coosalud concentran la mayor parte de los recursos del sistema actualmente embargados.

Redacción. Bogotá
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha alertado sobre una afectación aproximada de 2,6 billones de pesos al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), derivada de 291 embargos judiciales que recaen sobre recursos públicos destinados a la financiación de la atención en salud. La situación, identificada a partir de un análisis técnico con corte al 22 de enero de 2026, representa un riesgo estructural para la garantía efectiva del derecho a la salud en Colombia
 
Según ha indicado la entidad, los datos fueron consolidados a partir de autorreporte de las EPS, y evidencian una presión financiera significativa sobre los recursos que permiten el pago oportuno a hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos y demás actores de la red de servicios. La Supersalud advirtió que este escenario compromete la continuidad de la atención y la estabilidad operativa del sistema.
 
Focos territoriales y entidades con mayor afectación
 
Desde el enfoque territorial, el informe ha señalado que Bogotá, Antioquia (Concordia), Bolívar (Cartagena) y Caquetá (Florencia) concentran el mayor número de embargos registrados, lo que refleja tensiones financieras localizadas con impacto directo en la prestación de servicios en estas regiones.


 
Por actores del sistema, Nueva EPS y Coosalud EPS concentran la mayor participación en el valor total embargado, producto de procesos judiciales iniciados por prestadores públicos y privados. Para la Supersalud, esta concentración evidencia tanto el volumen de litigios como la magnitud de las reclamaciones económicas acumuladas en el sistema.
 
La Superintendencia ha reiterado que los recursos del SGSSS tienen naturaleza pública, parafiscal y de destinación específica, por lo que deben utilizarse exclusivamente para financiar la atención en salud y garantizar la sostenibilidad del sistema. En este sentido, recordó que la inembargabilidad es la regla general, con excepciones puntuales y de aplicación restrictiva definidas por la jurisprudencia constitucional, tal como fue señalado en el concepto unificado emitido el pasado 19 de enero.
 
El análisis consolidado pone de relieve la necesidad de fortalecer de manera urgente la gestión jurídica, administrativa y financiera de los procesos judiciales que involucran recursos del sistema de salud. Asimismo, la Supersalud subrayó la importancia de realizar un seguimiento permanente al impacto de los embargos sobre la ejecución presupuestal y la prestación efectiva de los servicios, en el marco de las competencias de la rama judicial y de la autoridad de inspección y control.
 
Finalmente, la entidad ha hecho un llamado a todos los actores del sector (EPS, IPS, autoridades territoriales y operadores) a proteger integralmente los recursos de la salud, al tratarse de fondos esenciales para garantizar la atención de los afiliados y la estabilidad del sistema, en línea con las directrices del Gobierno Nacional.

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