UPC aumentará 12,94% en 2026: alivio parcial al aseguramiento y nuevas tensiones para la red prestadora
Mientras se cierra la brecha del régimen subsidiado, persisten alertas por la insuficiencia del ajuste en el contributivo y el impacto del alza del salario mínimo
Miércoles, 31 de diciembre de 2025, a las 10:27
Luis A. Martínez, viceministro de Protección Social.
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Redacción. Bogotá
El Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) ha confirmado que para la vigencia 2026 la Unidad de Pago por Capitación (UPC) tendrá un incremento global del 12,94 por ciento, una decisión que implicará un aumento de
11,6 billones de pesos en los recursos destinados al aseguramiento en salud, al pasar de 89,8 billones en 2025 a más de 101,3 billones de pesos el próximo año.
El ajuste se ha definido tras un estudio técnico realizado por el Ministerio, con el acompañamiento de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento, integrada por delegados de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, el DNP y el IETS. El proceso incluyó el
análisis de la información reportada por las EPS y la aplicación de contrastes ordenados por la Corte Constitucional para mejorar la calidad y consistencia de los datos.
De acuerdo con la recomendación técnica, la UPC del régimen contributivo aumentará 9,03 por ciento, mientras que la del régimen subsidiado
crecerá 16,49 por ciento. Esta diferencia responde al cumplimiento de órdenes judiciales orientadas a cerrar la brecha histórica entre ambos regímenes, equiparando la prima pura del subsidiado al 95 por ciento de la del contributivo, en línea con la Sentencia T-760 de 2008 y autos posteriores de la Corte Constitucional.
Cierre de brechas, pero no de tensiones
Desde el Ministerio de Salud se ha destacado que este incremento busca
fortalecer el aseguramiento, avanzar en equidad y garantizar el derecho fundamental a la salud. Además, recordó que al valor base de la UPC se le aplican ajustes adicionales según variables como edad, sexo, ubicación geográfica y pertenencia a comunidades indígenas.
No obstante, el anuncio ha generado reacciones divididas entre los actores del sistema.
Ana María Vesga, presidenta de ACEMI, reconoció que el aumento del 16,5 por ciento para el régimen subsidiado representa un avance significativo al cerrar una brecha histórica, pero advirtió que el incremento del
9 por ciento para el régimen contributivo resulta insuficiente, especialmente si se considera que allí se concentra el mayor gasto en Salud.
Desde la perspectiva de los prestadores,
Juan Carlos Giraldo, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), ha solicitado al Gobierno
revisar la metodología de cálculo de la UPC y tener en cuenta el aumento del salario mínimo, y no solo la inflación. Según el directivo, esta decisión es clave para preservar el equilibrio financiero de hospitales y clínicas y avanzar hacia un “pacto social” que garantice la viabilidad del sistema.
Impacto en la prestación y retos para 2026
Para los profesionales de la salud, el incremento de la UPC es una señal relevante, pero insuficiente frente a la
magnitud de la crisis asistencial y financiera que atraviesa el sistema. Voces del sector advierten una falta de coherencia entre el fuerte aumento del salario mínimo, con impacto directo en los costos laborales de hospitales y clínicas, y un ajuste de la UPC que no compensa plenamente ese incremento del gasto.
El Ministerio de Salud ha insistido en que
los mayores recursos deben reflejarse de manera efectiva en los contratos con la red prestadora y reiteró su compromiso con la vigilancia, el control y la transparencia en el uso de los recursos públicos. Asimismo, llamó a las EPS a hacer un uso eficiente y responsable de los fondos, subrayando que el esfuerzo fiscal realizado es comparable al de una reforma tributaria.
De cara a 2026, el aumento de la UPC representa un alivio parcial para el aseguramiento y un avance en equidad para el régimen subsidiado. Sin embargo, para la red prestadora y el talento humano en salud,
el desafío seguirá siendo garantizar la sostenibilidad financiera, la calidad de la atención y la continuidad de los servicios en un sistema que aún enfrenta profundas tensiones estructurales.