Edición Médica

Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI).

Redacción. Bogotá
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) ha expresado su preocupación por los efectos del Decreto 0182 de 2026, norma que modifica las reglas de operación del aseguramiento en salud bajo un enfoque territorial y poblacional.
   

Según el gremio, la aplicación del decreto implicará la redistribución de afiliados entre EPS con base en criterios de habilitación territorial, lo que podría derivar en traslados masivos de usuarios y en una mayor concentración de población en entidades que ya enfrentan fragilidad operativa y financiera.
 
De acuerdo con el análisis de ACEMI, la implementación del decreto produciría al menos tres efectos:
   

El gremio advierte que esta redistribución ocurre en un contexto de alta fragmentación del sistema: ocho EPS se encuentran bajo medida de intervención y agrupan más de 24 millones de afiliados, con resultados financieros críticos y elevados niveles de insatisfacción de usuarios.
 
Capacidad operativa en entredicho
 
Uno de los puntos más sensibles señalados por ACEMI es el impacto proyectado sobre la Nueva EPS. Según cálculos del gremio, la entidad, que actualmente supera los 11,5 millones de afiliados, podría recibir cerca de 2,6 millones de nuevos usuarios, lo que representaría un incremento del 22,6 por ciento.
 
Asimismo, ACEMI sostiene que se trata de una EPS cuya situación financiera es incierta y que no presenta estados financieros públicos desde 2023. Además, señala dificultades recurrentes en red de prestación, entrega de medicamentos y oportunidad en procedimientos, lo que, a su juicio, comprometería su capacidad para absorber nueva población y garantizar acceso oportuno y continuo a los servicios.
 
En paralelo, el gremio alerta que algunas EPS intervenidas podrían enfrentar incrementos cercanos al 40 por ciento en su número de afiliados, pese a no estar preparadas operativa ni financieramente para asumir dicha expansión.
 
Por otra parte, las EPS afiliadas a ACEMI que no se encuentran bajo intervención perderían más de 800.000 usuarios, de acuerdo con estimaciones preliminares del gremio.
 
Debate jurídico y sostenibilidad del sistema
 
ACEMI también cuestiona que el Decreto 0182 reproduzca la finalidad del Decreto 0885 de 2025, suspendido por el Consejo de Estado en octubre de ese año, lo que, según han considerado, podría constituir un desacato al fallo judicial.
 
Si bien reconoce que la territorialización del aseguramiento puede ser razonable bajo criterios de eficiencia y capacidad instalada, el gremio considera que se trata de una modificación estructural del sistema que debería tramitarse por vía legislativa y no exclusivamente por decreto.
 
“El sistema de salud requiere medidas urgentes de estabilización. Hay que detener el sufrimiento de miles de pacientes y prevenir un daño mayor”, ha señalado el comunicado, en el que se advierte que la aplicación del decreto en las condiciones actuales podría profundizar la crisis y exponer a varias EPS a un riesgo operativo superior.
 
Por último, ACEMI insistirá en las rutas de defensa legal frente a lo que considera un daño material e insostenible para el ya deteriorado sistema de salud colombiano.
 
Para varios actores del sistema de Salud, una redistribución masiva de afiliados impacta directamente la continuidad de tratamientos, la estabilidad de las redes de prestación y la oportunidad en la atención, especialmente en poblaciones con patologías crónicas y de alto costo.

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