Edición Médica

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.

Redacción. Bogotá
El Gobierno nacional ha oficializado la reorganización territorial del aseguramiento en salud mediante la expedición del Decreto 0182 de 2026, una medida que redefine la distribución de afiliados en el país y que, según organizaciones de pacientes, podría derivar en traslados masivos hacia EPS con mayor capacidad operativa en los territorios.
 
La norma establece los lineamientos para redistribuir afiliados entre Entidades Promotoras de Salud (EPS), priorizando aquellas que demuestren mayor capacidad técnica, red efectiva de prestación y solvencia operativa en los departamentos y municipios donde se implementen los ajustes.
 
Aunque el decreto no menciona expresamente a ninguna entidad en particular, diferentes actores del sistema han señalado que EPS con amplia cobertura nacional, como Nueva EPS, podrían absorber un número significativo de usuarios en caso de materializarse los traslados.
 
Para los profesionales de la Salud, la medida implica posibles cambios en flujos de referencia y contrarreferencia, contratación y relaciones con aseguradores, organización de redes integrales de prestación de servicios, así como la continuidad de tratamientos en curso, especialmente en pacientes crónicos y de alto costo.
 
El decreto faculta a la autoridad sanitaria a realizar redistribuciones con base en criterios de capacidad instalada, suficiencia de red y garantía de acceso efectivo, en un contexto marcado por la intervención y reorganización de varias EPS.
 
Alertas de organizaciones de pacientes
 
Colectivos de usuarios han advertido sobre el riesgo de traslados automáticos sin suficiente información previa, así como posibles afectaciones en la continuidad asistencial. En contraste, desde el Gobierno se ha planteado la medida como un mecanismo para fortalecer la eficiencia del aseguramiento y evitar vacíos en la prestación.
 
La reorganización territorial del aseguramiento se inscribe en un momento de transformación profunda del sistema de salud colombiano. Para las IPS, las ESE y el talento humano en salud, el seguimiento técnico y jurídico del decreto será importante para anticipar ajustes contractuales y operativos.
 
En el corto plazo, el foco estará en cómo se implementan los criterios de redistribución y en la capacidad real de las EPS receptoras para absorber la demanda sin afectar la calidad ni la oportunidad en la atención.
 
La evolución de esta medida marcará un punto de inflexión con respecto a la estructura y planificación del aseguramiento en Colombia; y en la dinámica entre aseguradores, prestadores y usuarios del sistema.
 

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