Edición Médica

Para el grupo Keralty la medida de la Supersalud es considerado un acto arbitrario.

Redacción. Bogotá
El representante legal de Keralty, Juan David Riveros, ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, cuestionando la intervención de la EPS Sanitas debido a supuestas irregularidades en el procedimiento. La solicitud principal es que se inicie una investigación sobre la actuación de la Superintendencia de Salud y se detenga, mediante acciones legales, el efecto de la intervención.
 
Según ha expuesto Riveros, la intervención de la Superintendencia de Salud en EPS Sanitas no solo carece de base legal, sino que también se considera arbitraria, desproporcionada y discriminatoria. Como respuesta, Keralty tiene la firme intención de tomar medidas legales para recobrar la gestión de la EPS y proteger los intereses de sus afiliados.
 
Además, se ha interpuesto una recusación contra el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, argumentando su falta de imparcialidad para llevar a cabo la intervención contra la EPS Sanitas.
 
De igual forma, Riveros ha anunciado la adopción de otras medidas legales contra lo que consideran un acto arbitrario. Estas acciones abarcan aspectos constitucionales, contencioso-administrativos y civiles, destinados a contrarrestar los posibles perjuicios derivados de la situación. También se ha dado a conocer la intención de llevar este caso ante instancias internacionales, como el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y la relatoría de la ONU sobre el derecho a la Salud Física y Mental.
 
Cabe mencionar que, los inversionistas extranjeros del Grupo Keralty han remitido una carta al ministro de Comercio, informándole sobre su intención de notificar formalmente una disputa en el marco de los tratados internacionales de protección de la inversión que son aplicables.
 
En respuesta a estas acciones legales, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, se ha pronunciado al respecto de la actuación de su entidad, la cual se efectúa de acuerdo con las normas vigentes y con la ley. Incluso ha desmentido cualquier acusación sobre la presentación de información falsa para fundamentar la apertura del proceso de intervención.
 
Para la intervención de EPS Sanitas, el superintendente había declarado que, las deudas que la entidad tenía con los proveedores de servicios de salud, al finalizar el año 2023, ascendían a más de 2 billones de pesos.

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