Edición Médica

Melba Lucía Murillo. Bogotá
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ACEMI; la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI y la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, ASOCAJAS, se rehúsan a aceptar las afirmaciones hechas por la Contraloría General de República, CGR, en las que hay un señalamiento del uso indebido por parte de las Entidades Promotoras de Salud, EPS, de los dineros provenientes de la Unidad de Pago por Capitación, UPC y de los Presupuestos Máximos del año 2020.

Esos dineros que, según informe emitido por la Contraloría General, ascienden a por lo menos 11 billones de pesos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, debían ser empleados para la atención en salud de los colombianos y no en el pago de servicios de vigencias anteriores al año 2020, ni en gastos personales, porque como lo hizo saber la CGR, esos dineros tienen una destinación específica y no podrán ser utilizados para fines distintos a los previstos en la Constitución.

Es por esta razón que Ana María Vesga, presidenta de ACEMI, en entrevista con EDICIÓN MÉDICA ha sido enfática al decir “nosotros ya le expusimos a la Contraloría General que hay dos diferencias relacionadas con el informe que presentó hace unos días. Primero, es que los dineros que recibieron las EPS provenientes de la UPC para el año 2021, con el fin de cubrir gastos en salud relacionados con el Covid-19 del 2020, sí fueron destinados para este asunto, es importante hacer la claridad sobre el hecho de que dichos recursos financiaron enteramente el aseguramiento y la atención de la pandemia en ese año”.

Además, reitera “segundo, cuando la Contraloría habla de irregularidades por haber pagado deudas anteriores con los dineros asignados a las EPS, no son irregularidades porque la ley no señala ninguna restricción para que estas entidades no puedan pagar esas deudas o servicios de vigencias anteriores. Es por ello, que en un comunicado argumentamos que constitucionalmente, los recursos parafiscales de la salud deben usarse para el pago de servicios y tecnologías en salud, y para asumir los costos administrativos del sistema. El pago de servicios y tecnologías en salud de vigencias anteriores cumple con esta regla constitucional”.

Para explicar sobre el uso de esos dineros y que según el ente de control afirma que las EPS los emplearon de forma irregular, ACEMI, ANDI y ASOCAJAS en un comunicado aseguran “la UPC puede usarse para la constitución de reservas técnicas (que al liberarlas se utilizan para el pago de servicios incurridos en el pasado) y para el pago de servicios y tecnologías de la vigencia en curso y de diferentes vigencias, como es propio de un sistema de aseguramiento, especialmente en un escenario de insuficiencia de recursos y de información rezagada, deficiente e insuficiente”.

También hacen referencia a la Sentencia 480 de 1997 emitida por la Corte Constitución en la cual señala que “si los aportes del presupuesto nacional y las cuotas de afiliados al sistema de seguridad social son recursos parafiscales, su manejo estará al margen de las normas presupuestales y administrativas que rigen los recursos fiscales provenientes de impuestos y tasas, a menos que el ordenamiento jurídico específicamente lo ordene. Por lo tanto, no le son aplicables las normas orgánicas del presupuesto ya que el Estado es un mero recaudador de esos recursos que tienen una destinación específica: atender las necesidades de salud”.

Los directivos de las entidades que agremian las EPS aseguran “de aplicarse la tesis expuesta por la Contraloría, relacionada con la anualidad y demás reglas del presupuesto público, se afectará gravemente el flujo de recursos y el pago de deudas en un sistema que cada vez está más inviable. Por las razones expuestas hacemos un llamado respetuoso a la CGR para que se revise y aclare esta tesis que, al aplicarse en los procesos individuales de responsabilidad fiscal, se extenderá a la cadena de pagos de todo el sistema y agravará una situación que cada vez resulta más adversa para los pacientes y sus familias, en especial para las más vulnerables”.

El dato

En uno de los apartes del informe de la Contraloría General de la República se explica que el pago de deudas de vigencias anteriores con recursos de la UPC durante la vigencia 2020, las EPS pagaron servicios de salud de vigencias anteriores a ese año por $5,5 billones con los recursos de la UPC quienes tienen una destinación específica y no podrán ser utilizados para fines distintos a los previstos en la Constitución.