Edición Médica

Ulahí Beltrán, superintendente nacional de Salud.

Redacción. Bogotá
La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha anunciado, con una vigencia de un año, la intervención forzosa para administrar la EPS Famisanar en todo el país. Esta medida se ha tomado debido a la observación de una deteriorada situación financiera, un aumento constante de quejas de sus afiliados y la violación de más de 10 estándares de habilitación que han afectado la atención de Salud y la calidad de los servicios brindados a su población asegurada.
 
Cabe mencionar que, Famisanar cuenta con 3.049.712 afiliados en 21 departamentos del país, siendo Bogotá y Cundinamarca (77 por ciento), Santander (4,46 por ciento), Boyacá (4,34 por ciento) y Tolima (2,92 por ciento) los que concentran la mayoría de sus usuarios. También presta servicios en otros departamentos, aunque con una cantidad reducida de afiliados en 6 de ellos.
 
El superintendente nacional de Salud, Ulahí Beltrán López, ha llevado a cabo una evaluación exhaustiva de los aspectos administrativos, financieros, jurídicos y técnicos-científicos de la EPS; la cual ha revelado que Famisanar no estaba cumpliendo adecuadamente su función principal, tenía dificultades para garantizar a sus afiliados el acceso a servicios de Salud y enfrentaba un creciente riesgo de insolvencia y falta de liquidez debido al incremento de sus pasivos en más del 140 por ciento desde 2021.
 
A su vez, la superintendencia ha nombrado a Sandra Milena Jaramillo, una administradora financiera, como agente especial interventora encargada de la EPS. Ella asumió sus funciones inmediatamente y debe seguir 14 directrices emitidas por la Supersalud para garantizar el derecho a la Salud de los afiliados.
 
La EPS Famisanar ha experimentado un aumento constante en las quejas de sus afiliados durante este año, con un total de 59.391 peticiones, quejas, reclamos y denuncias presentadas ante la Supersalud entre enero y junio de 2023. Este volumen de quejas representa un incremento del 24 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.
 
Las principales quejas se centran en obstáculos para acceder a tecnologías y servicios de Salud, como la negación de citas médicas, la demora en la atención y la falta de reconocimiento y pago de prestaciones económicas.
 
En cuanto a los indicadores de Salud, se ha observado un aumento del 20 por ciento en la notificación de casos de cáncer en menores de 18 años durante el primer cuatrimestre de 2023. También se ha reportado la notificación de 6 casos de mortalidad materna hasta la semana epidemiológica número 20 de 2023, lo que indica un incumplimiento en las metas del Plan de Desaceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna.
 
En lo que respecta a la atención de salud, Famisanar ha demostrado un incumplimiento recurrente de indicadores clave, como la captación temprana al control prenatal, lo que se relaciona con las altas tasas de incidencia de sífilis congénita.
 
Además, la auditoría realizada por la Supersalud ha evidenciado que Famisanar presenta inconsistencias en la información relacionada con las acciones de tutela, lo que dificulta las labores de inspección y vigilancia.
 
En términos financieros, Famisanar enfrenta un alto riesgo de insolvencia, con inconsistencias y falta de claridad en los informes presentados. La EPS reconoció pasivos de vigencias anteriores por $758.671 millones en diciembre de 2022, lo que implica que el indicador de Régimen de Inversiones al cierre de 2021 estaba sobrevalorado.
   
Finalmente, la intervención forzosa de la EPS Famisanar busca abordar una serie de problemas que han afectado la calidad de los servicios de salud brindados a sus afiliados y han comprometido su estabilidad financiera. Se han emitido 14 órdenes para la intervención, con el objetivo de corregir las deficiencias y garantizar el acceso a la atención médica de calidad para los usuarios:

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