Edición Médica

Instalación del Puesto de Mando Unificado en el puente internacional Atanasio Girardot.

Redacción. Bogotá
Frente a la coyuntura actual en la República de Venezuela y sus posibles impactos humanitarios y sanitarios, el Ministerio de Salud y Protección Social ha emitido un conjunto de recomendaciones dirigidas a los actores del sistema de salud, con el objetivo de anticipar una eventual sobredemanda de servicios, proteger al talento humano en salud y garantizar la continuidad de la atención, especialmente en los departamentos de frontera.
 
Las orientaciones se concentran en La Guajira, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada, Guainía y Cesar, territorios con alta sensibilidad frente a flujos migratorios. Las medidas se fundamentan en el derecho fundamental a la salud, los principios de migración segura y ordenada, y un enfoque humanitario y no discriminatorio.
 
Alerta amarilla y monitoreo en tiempo real
 
Como parte de la respuesta institucional, el Gobierno nacional ha decretado la alerta amarilla para la red hospitalaria en la región fronteriza, con el fin de fortalecer el alistamiento hospitalario y mitigar riesgos asociados a una posible presión sobre los servicios de salud.
 
De manera complementaria, se dispone de una herramienta tecnológica de registro migratorio, que permite evaluar en tiempo real la dinámica del flujo migratorio y ajustar de forma oportuna la capacidad de respuesta del sistema. El monitoreo de la situación se realiza de manera permanente, minuto a minuto, desde el nivel central.
 
Gestión hospitalaria y organización de la oferta
 
El Ministerio ha reiterado la necesidad de mantener activas las medidas sanitarias establecidas en la Resolución 691 de 2025, incluyendo la expansión de capacidad instalada, la disposición de recursos, áreas y personal de refuerzo según la evolución del contexto, y el seguimiento permanente a través de los Centros Hospitalarios de Emergencias (CHE).
 
Asimismo, se ha recomendado reprogramar procedimientos de baja complejidad y otorgar altas médicas cuando sea clínicamente posible, con el propósito de priorizar la atención de eventos urgentes y de alta complejidad.
 
Los prestadores de servicios de salud deberán continuar realizando el reporte diario obligatorio de capacidades y afectaciones, con verificación a cargo de los Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) en cada territorio.
 
El Gobierno nacional también activó mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial a través de los Consejos Departamentales para la Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), en articulación con la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), autoridades locales y organismos internacionales, con el fin de evaluar riesgos y coordinar la respuesta sanitaria y humanitaria.
 
Protección de la Misión Médica y corredores humanitarios
 
Entre las recomendaciones se destaca la verificación de la identificación visible de la Misión Médica, conforme a la Resolución 4481 de 2012, garantizando que equipos, vehículos y personal de salud cuenten con distintivos visibles que refuercen su protección.
 
En caso de requerirse, se contempla la gestión de corredores humanitarios, con el apoyo del CICR, para asegurar el respeto al carácter neutral del personal sanitario y el acceso seguro a la atención en salud, en concordancia con el Derecho Internacional Humanitario y los principios de derechos humanos.
 
Protección de la infancia y acción social en territorio
 
La protección integral de la infancia fue señalada como una prioridad del Gobierno nacional. Actualmente se encuentran vigentes tres acuerdos de cooperación gestionados por el ICBF en Arauca, La Guajira y Norte de Santander, orientados a salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana.
 
Adicional a ello, el Centro Intégrate del Ministerio de la Igualdad y la Equidad fortaleció su operación en el territorio, con la implementación de una unidad móvil en Tibú y el refuerzo de equipos interinstitucionales en zonas estratégicas.
 
Seguridad fronteriza y preparación ante escenarios de emergencia
 
En el marco de la seguridad fronteriza, el Gobierno nacional informó que en los 2.200 kilómetros de frontera compartidos con Venezuela se han desplegado más de 30.000 efectivos, en articulación con los cinco Puestos de Mando Unificado (PMU) activados a nivel regional. De forma paralela, se avanza en la estructuración de un proyecto de decreto de emergencia económica, social y ecológica por grave calamidad pública, como medida preventiva ante posibles escenarios de impacto.
 
Finalmente, el Ministerio de Salud ha reiterado el llamado a las instituciones para fortalecer la comunicación interna con el personal sanitario, definiendo rutas seguras, puntos de atención habilitados, canales de denuncia y mecanismos de acompañamiento psicosocial en caso de afectación.
 
El dato
 
En el ámbito internacional, Colombia ha convocado una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como la solicitud de reuniones extraordinarias del Consejo Permanente de la OEA y de cancilleres de la CELAC. Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad, la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, reiteró el compromiso del país con la paz, el respeto al Derecho Internacional y la protección de la vida y los derechos humanos.
 
La representante ha enfatizado que no existe justificación para el uso unilateral de la fuerza y llamó a privilegiar el diálogo, la mediación y las salidas diplomáticas, subrayando que la defensa de estos principios “no es una opción, sino una obligación común para preservar la paz y la seguridad internacional”.
 

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