Edición Médica

Carlos Hernán Rodríguez, contralor general de la República.

Redacción. Bogotá
La Contraloría General de la República, a través de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, ha imputado la responsabilidad fiscal por 202.767.134.694 pesos, contra dos EPS, el Representante Legal de una IPS Pública, 3 Uniones Temporales prestadoras de servicios y tres gobernadores.
 
Esto debido al registro de irregularidades en la atención de los afiliados al régimen contributivo y subsidiado en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina dentro de las vigencias comprendidas entre los años 2017 a enero de 2021 inclusive, con ocasión de la ejecución de un contrato interadministrativo celebrado entre la gobernación del archipiélago y una IPS pública.
 
Asimismo, la CGR ha determinado que las EPS solicitaron a la ADRES 94.936.891.152 pesos, los cuales no se vieron representados en servicios de salud para sus usuarios en las Islas y a su turno las EPS giraron a las UT prestadoras de servicios 2.905.830.271 pesos, los cuales tampoco se vieron representados en prestación de servicios de salud durante esas vigencias.
 
De igual forma, la Contraloría General de la República ha advertido que se giraron 16.293.645.185 pesos, por concepto de subsidio de la oferta en Salud cuando la operación en el archipiélago no era deficitaria.
 
Cabe mencionar que, la entidad ha evidenciado que se pagaron 87.172.819.868 pesos, a la IPS pública, que no estaba habilitada en ese departamento para prestar servicios de salud ni tampoco tenía contratos suscritos con las EPS para estas vigencias.
 
Por otra parte, la Contraloría estableció que se le han dejado de pagar a la Gobernación de San Andrés 824.336.362 pesos, como contraprestación por la entrega de la infraestructura hospitalaria a la IPS Pública mediante el contrato interadministrativo celebrado entre ambas partes.
 
Finalmente, la CGR ha constatado que la Gobernación de San Andrés suscribió un contrato de consulta médica teleasistida con una IPS privada, cuando dichos servicios estaban contenidos dentro del contrato interadministrativo, constituyéndose en una contratación paralela por 633.611.856 pesos.

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