Edición Médica

Guillermo Alfonso Jaramillo.

Redacción. Bogotá
La Corte Constitucional ha negado la solicitud del Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud) para ampliar el plazo de entrega de información clave relacionada con el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), en el marco del incidente de desacato abierto contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo por el incumplimiento de órdenes estructurales de la Sentencia T-760 de 2008.
   

La decisión, contenida en un auto firmado por el magistrado Carlos Camargo, ha subrayado que la situación financiera y operativa del Sistema General de Seguridad Social en Salud “no da espera”, al tratarse de una crisis estructural persistente que afecta el goce efectivo del derecho fundamental a la Salud.
 
Órdenes reiteradas desde 2016
 
En su análisis, la Sala Especial de Seguimiento ha reiterado que las obligaciones cuyo incumplimiento motivó el incidente de desacato no son nuevas ni imprevistas. Estas fueron impartidas inicialmente en el Auto 411 de 2016 y reiteradas en los autos 109 de 2021, 996 de 2023 y 007 de 2025, todos relacionados con la suficiencia de las principales fuentes de financiación del sistema, en particular la UPC.
 
El alto tribunal fue enfático en señalar que la problemática es “conocida, sistemática y prolongada”, por lo que el Ministerio no puede alegar sorpresa frente a los requerimientos de información ni justificar nuevas dilaciones.
 
Corte descarta argumentos del Ministerio
 
El Ministerio de Salud ha solicitado la prórroga argumentando que el volumen de información exigido era “extremadamente alto” y que la orden judicial agrupaba múltiples mandatos que requerían un procesamiento técnico complejo.
 
Sin embargo, la Corte ha desestimado estos argumentos y citó el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, que obliga al cumplimiento inmediato de las órdenes judiciales. Para el magistrado Camargo, resultaba “irrazonable seguir extendiendo los plazos”, más aún cuando la prórroga solicitada coincidía con la vacancia judicial, lo que habría generado una nueva postergación en un proceso que lleva años de retraso.
 
Además, la Sala ha rechazado la tesis del “presunto incumplimiento” planteada por el Ministerio, al recordar que el Auto 2049 de 2025 concluyó de manera expresa que persiste el incumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC, situación que ha contribuido al deterioro progresivo del sistema.
 
Respuesta del Gobierno: equiparación de la UPC
 
Tras conocerse la decisión judicial, el Ministerio de Salud ha anunciado la expedición de la Resolución 2605 de 2025, mediante la cual se ordena equiparar, a partir de 2026, la prima pura de la UPC del régimen subsidiado al 95 por ciento de la prima pura del régimen contributivo.
 
De acuerdo con la cartera de Salud, esta medida da cumplimiento a las órdenes contenidas en la Sentencia T-760 de 2008 y en los autos de seguimiento emitidos por la Corte Constitucional, y busca corregir una brecha histórica en la financiación del régimen subsidiado.
 
“El Ministerio cumple un compromiso con los colombianos y corrige una desigualdad de muchos años. A partir de 2026, la prima pura de la UPC del régimen subsidiado se equiparará en un 95 por ciento a la del régimen contributivo”, ha aseverado el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo.
 
Implicaciones para el sistema de Salud
 
La resolución establece que la equiparación se reflejará en el cálculo de la UPC para la vigencia 2026, lo que podría tener efectos directos en la capacidad financiera de las EPS del régimen subsidiado y en la garantía de acceso efectivo a los servicios del Plan de Beneficios en Salud.
 
No obstante, la Corte ha advertido que el cumplimiento formal de una medida no exime al Ministerio de presentar información completa, trazable y verificable sobre la suficiencia de la UPC y el impacto real de los ajustes adoptados, en un contexto marcado por el aumento de tutelas, quejas por medicamentos y desfinanciamiento estructural del sistema.
 
Con este nuevo episodio, el debate sobre la UPC vuelve al centro de la agenda sanitaria, en un momento en el que las decisiones técnicas y financieras son determinantes para la sostenibilidad del sistema y la protección efectiva del derecho a la Salud.

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