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Gestión
FALLAS ESTRUCTURALES
Crisis por acceso a medicamentos: más de un millón de tutelas por derecho a la Salud en cinco años
Los departamentos de Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia concentran las afectaciones más severas
Jueves, 06 de noviembre de 2025, a las 11:48

Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo, durante la presentación del informe.


Redacción. Bogotá
El acceso a medicamentos y servicios esenciales continúa deteriorándose en Colombia. Así lo ha advertido la Defensoría del Pueblo durante la presentación del informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados”, que revela fallas estructurales en la garantía del derecho a la salud y un incremento crítico de barreras para pacientes en todo el país.
 
Según ha indicado la entidad, entre enero de 2020 y agosto de 2025 se radicaron 1.003.147 tutelas invocando el derecho a la Salud, siendo este el segundo más reclamado en el país. Solo en 2025, el 36,82 por ciento de las tutelas en Salud estuvo relacionado con la entrega inoportuna de medicamentos, un síntoma de una crisis profunda que afecta a usuarios independientemente del régimen de afiliación.
 
Los departamentos de Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia concentran las afectaciones más severas, seguidos por La Guajira, Arauca, Amazonas, Putumayo, Nariño y Vaupés. De acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, estas zonas enfrentan mayores barreras geográficas, económicas y administrativas, lo que agrava las inequidades en la atención.
 
El informe, basado en 3.449 encuestas y en información del Ministerio de Salud, Supersalud, Corte Constitucional y Contraloría, evidencia que la falta de entrega de medicamentos esenciales, como Metformina, Valsartán, Losartán, Quetiapina, Ácido Valproico o Ácido Fólico, obliga al 61 por ciento de los pacientes a comprarlos de su bolsillo.
 
Dependiendo del medicamento y del ingreso del hogar, esta compra puede representar entre 7 y 90 por ciento del ingreso mensual, afectando otros derechos básicos como alimentación y vivienda. Además, con corte a septiembre, la Defensoría registró 584 medicamentos no entregados; de 1.798 casos analizados, el 48 por ciento continúa sin resolver.
 
Reclamos y quejas en aumento
 
La Supersalud ha reportado 685.000 reclamos por medicamentos en los últimos años, un promedio de 1.600 diarios. A esto se suman 107.000 quejas recibidas por la Defensoría entre 2022 y 2025, incluidas 28.000 solo entre enero y agosto de este año.
 
Entre enero y agosto de 2025, la Defensoría acompañó 18.451 tutelas, de las cuales el 24 por ciento se relacionó con negación de medicamentos esenciales. Los departamentos con mayor número de acciones fueron Quindío (14 por ciento), Caldas (12 por ciento) y Antioquia (8 por ciento).
 
Causas estructurales: falta de transparencia y fallas en la cadena logística
 
El informe señala problemas financieros, administrativos y logísticos que profundizan el deterioro del sistema:
 
-Opacidad financiera en EPS, IPS y gestores farmacéuticos.
 
-Retrasos en pagos que afectan el suministro.
 
-Distorsiones en la cadena logística, que privilegia el canal comercial sobre el institucional.
 
-Cambios en gestores farmacéuticos sin capacidad para cubrir la demanda.
 
-Barreras administrativas que interrumpen tratamientos, especialmente en zonas rurales y étnicas.
 
La Defensora ha alertado que estas fallas generan “regresividad” en la atención, afectando incluso medicamentos básicos de la Atención Primaria en Salud.
 
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Como parte de la Estrategia de Respuesta Inmediata, la Defensoría ha priorizado 18 departamentos para instalar PMU que abarcan más del 20 por ciento de la población nacional. Allí se realizaron 45 reuniones con actores del sector salud, identificando causas de los retrasos, activando rutas de solución y evidenciando impactos en la salud y bienestar emocional de los usuarios.
 
Los testimonios recogidos alertan sobre riesgos para la vida, pérdida de confianza institucional y tensiones hacia el personal médico, sometido a sobrecarga y episodios de violencia.

La Defensoría ha planteado seis líneas de acción para garantizar progresivamente el derecho a la salud:
 
-Reforma estructural con enfoque de equidad y sostenibilidad.
 
-Coordinación interinstitucional y creación de un tablero nacional de seguimiento a medicamentos.
 
-Transparencia financiera y conciliación de deudas entre actores del sistema.
 
-Enfoque territorial para zonas rurales y poblaciones vulnerables.
 
-Vigilancia y participación ciudadana con entidades de control.
 
-Fortalecimiento administrativo y judicial para descongestionar tutelas y acelerar reembolsos.
 

Finalmente, la Defensora ha señalado que el Gobierno debe garantizar transiciones claras en cualquier reforma al sistema y escuchar todas las voces del sector: “Nuestro rol es acercar a las partes para aliviar el sufrimiento que hoy padece la población colombiana”.

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