Edición Médica

La Sala Especial de Seguimiento ha abierto un incidente de desacato contra el ministro de Salud.

Redacción. Bogotá
La Corte Constitucional ha intensificado el seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008, fallo estructural que amparó el derecho fundamental a la Salud, y adoptó nuevas medidas ante el persistente incumplimiento de sus órdenes. Mediante el Auto 2049 de 2025, la Sala Especial de Seguimiento concluyó que, pese a los años transcurridos y a múltiples requerimientos, más del 80 por ciento de las órdenes estructurales continúan sin cumplirse, con impactos directos sobre la sostenibilidad financiera, la disponibilidad de medicamentos y la oportunidad en la atención.
 
El análisis judicial ha evidenciado que los avances de política pública no han sido suficientes ni eficaces para corregir los problemas estructurales identificados desde 2008. Persisten fallas en la suficiencia de la financiación, en la articulación institucional, en la calidad y actualización de la información, y en los mecanismos de participación y vigilancia del sistema, lo que se traduce en barreras de acceso y deterioro progresivo de la atención.
 
La Sala ha sustentado su decisión en indicadores que reflejan la presión creciente sobre el sistema. Las acciones de tutela en salud aumentaron de 197.737 en 2023 a 265.173 en 2024 (34 por ciento), y a noviembre de 2025 ya se habían interpuesto 270.661, superando ampliamente los registros de años anteriores. A ello se suman 622.666 quejas por medicamentos no entregados, incompletos o fuera de término reportadas por 18 EPS en los últimos dos años.
 
En materia de financiación, la Corte ha alertado que el aumento nominal de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) no demuestra suficiencia para cubrir el costo real de los servicios del Plan de Beneficios en Salud. En particular, cuestionó que la UPC de 2025 se haya definido con base en la inflación causada, sin evidencia técnica de cobertura integral de costos ni justificación de las diferencias entre regímenes, en un contexto de información deficiente para su cálculo.
 
Incidente de desacato y nuevas órdenes
 
Ante este escenario, la Sala Especial de Seguimiento ha abierto un incidente de desacato contra el ministro de Salud y Protección Social, específicamente por el incumplimiento de las órdenes 21 y 22 de la Sentencia T-760, relacionadas con la suficiencia de las principales fuentes de financiación del sistema. Como medida adicional, ordenó al Ministerio presentar un Plan Integral de Acción (PIAS) orientado a mitigar la crisis y restablecer el goce efectivo del derecho a la salud.
 
En línea con los principios de colaboración armónica e intersectorialidad, la Corte ha dispuesto que la Superintendencia Nacional de Salud asuma un rol activo y verificable en el control del uso de los recursos por parte de las EPS, reforzando la supervisión sobre la gestión financiera y asistencial.
 
Finalmente, se ha ordenado remitir copias del auto a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para las investigaciones disciplinarias y penales a que haya lugar, así como a la Contraloría General de la República para la protección de los recursos públicos. La Corte solicitó a estos organismos ejercer un seguimiento más riguroso y oportuno del cumplimiento de la Sentencia T-760.
 
El pronunciamiento reitera que la crisis actual no es coyuntural, sino estructural, y que su resolución exige decisiones técnicas, coordinación institucional y financiación suficiente para garantizar continuidad, calidad y seguridad en la atención a los pacientes.

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