Edición Médica

Actualmente los embargos se concentran en aproximadamente 95 IPS.

Redacción. Bogotá
La operación de Nueva EPS enfrenta un escenario crítico tras la imposición de embargos judiciales que ascienden a cerca de 2 billones de pesos, una medida que, según la entidad, compromete de manera directa su funcionamiento y el flujo regular de recursos hacia la red prestadora de servicios de salud en el país.
 
De acuerdo con la información divulgada por la EPS, los embargos han sido ordenados por cuatro juzgados del país y afectan principalmente cuentas bancarias, con un impacto que supera los 2,1 billones de pesos, cifra que representa un riesgo sistémico para la atención de los afiliados. La situación se agrava al considerar que estos procesos judiciales se concentran, en su mayoría, en instituciones privadas de salud, que representan cerca del 80 por ciento de las demandas.
 
Desde la intervención administrativa, Nueva EPS ha señalado que el déficit financiero se ha profundizado debido a estas medidas cautelares, hasta el punto de poner en riesgo la operación del asegurador. La entidad recuerda que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) tienen carácter de inembargables, de conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política y las leyes 1438 de 2011 y 715 de 2001, así como la jurisprudencia vigente de la Corte Constitucional y la Procuraduría General de la Nación, que reconocen su naturaleza parafiscal y su destinación exclusiva a la garantía del derecho fundamental a la salud.
 
No obstante, la EPS advierte que, pese a este marco normativo, algunos despachos judiciales han ordenado embargos que afectan indirectamente recursos esenciales para la prestación de servicios. Según la entidad, solo en noviembre de 2025 la cifra embargada se ha duplicado, pasando de 422.000 millones de pesos a más de $2,1 billones, comprometiendo de forma severa la liquidez y la capacidad de pago a los prestadores.
 
El impacto potencial no es menor. Nueva EPS administra una red cercana a 5.000 prestadores a nivel nacional, muchos de ellos altamente dependientes del flujo de recursos del asegurador. La entidad advierte que, de mantenerse los embargos, se limitaría la capacidad administrativa para ordenar pagos, afectando la cadena financiera del sistema y la continuidad de la atención en Salud.
 
Frente a este panorama, la EPS ha informado que ha solicitado de manera urgente la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el fin de adoptar medidas que permitan frenar el incremento de estas decisiones judiciales y proteger los recursos destinados a la atención de los afiliados.
 
La necesidad de decisiones estructurales que armonicen el cumplimiento de obligaciones judiciales con la protección efectiva de los recursos de la salud se vuelve parte de la agenda. La sostenibilidad del aseguramiento, la estabilidad de la red prestadora y la garantía del derecho a la atención oportuna dependen, en buena medida, de que estos flujos financieros no se vean interrumpidos.
 
Mientras se definen acciones de fondo, el caso de Nueva EPS se suma a las múltiples alertas que evidencian cómo los conflictos financieros y jurídicos siguen trasladando la presión al corazón del sistema: las instituciones prestadoras, el talento humano en salud y, en última instancia, los pacientes.
 

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