AUDITORÍA FORENSE
Gobierno revisará contratos del Hospital de San Andrés tras intervención por fallas asistenciales y financieras
La Supersalud ordenó intervenir el hospital durante un año tras identificar que 13 de sus 59 servicios habilitados no estaban operando
Miércoles, 21 de octubre de 2026, a las 11:20
Ana María Vesga, ministra de Salud.
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Redacción. Bogotá
El Gobierno nacional ha anunciado una
revisión exhaustiva de la contratación del
Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, luego de conocerse información sobre posibles irregularidades administrativas y contractuales en la institución, intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) debido a deficiencias asistenciales, financieras y de gestión.
La medida de intervención fue ordenada por un año y responde a
hallazgos que comprometen la atención de más de 60.000 usuarios del archipiélago. Entre las situaciones identificadas se encuentran servicios habilitados que no estaban funcionando, dificultades para acceder a determinadas especialidades, retrasos quirúrgicos y acumulación de estudios diagnósticos pendientes.
A este escenario se suma el anuncio del Gobierno de conformar un
equipo forense para revisar contratos, facturas y recursos institucionales, así como un equipo técnico encargado de apoyar la recuperación operativa del hospital.
La ministra de Salud y Protección Social,
Ana María Vesga, ha señalado que se investigarán posibles irregularidades relacionadas con
equipos médicos almacenados que estarían deteriorándose, eventuales nóminas paralelas y contratos cuya ejecución requiere verificación.
“Eso se va a investigar.
Cada contrato, cada factura, cada peso. Los recursos de la salud son para atender pacientes, pagar al talento humano, comprar medicamentos y garantizar que los servicios funcionen”, ha afirmado la funcionaria.
Supersalud identificó que 13 servicios habilitados no estaban funcionando
La decisión de intervención se fundamentó en las
actuaciones de inspección y vigilancia realizadas por la Supersalud entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2026, así como en incumplimientos reiterados de los planes de mejoramiento desde 2022.
Durante estas actuaciones, la entidad identificó que
13 de los 59 servicios habilitados no estaban siendo prestados, lo que equivale aproximadamente al 22 por ciento de la oferta registrada.
Los hallazgos también incluyeron dificultades para
garantizar atención en cardiología Pediátrica, oncología, reumatología y neumología, además de restricciones en la disponibilidad permanente de médicos especialistas.
La situación evidencia una diferencia entre la
capacidad formalmente habilitada y la oferta asistencial efectivamente disponible para los pacientes, un aspecto relevante para evaluar la capacidad resolutiva del hospital.
Pacientes registraban esperas quirúrgicas superiores a un año
La inspección también identificó limitaciones en
la capacidad quirúrgica de la institución. Según los hallazgos reportados, el hospital contaba con un solo cirujano general para atender simultáneamente diferentes servicios, mientras algunos pacientes acumulaban esperas superiores a un año para acceder a procedimientos quirúrgicos.
A estas dificultades se
sumaron 3.676 estudios de radiología pendientes de lectura, situación que podría retrasar la disponibilidad de resultados necesarios para establecer diagnósticos y orientar decisiones terapéuticas.
Estos indicadores reflejan problemas que van más allá de la
disponibilidad de infraestructura. La prestación efectiva de servicios requiere talento humano suficiente, capacidad de respuesta diagnóstica y coordinación entre las diferentes áreas asistenciales.
En este contexto, la recuperación del hospital deberá contemplar no solo la normalización administrativa, sino también la
reducción de los procedimientos y estudios pendientes, la disponibilidad de especialistas y la continuidad de la atención.
Investigación contractual incluirá posibles irregularidades en equipos y servicios
De forma paralela a la intervención administrativa, el presidente
Abelardo De La Espriella ha anunciado la conformación de un equipo forense para
revisar la contratación del hospital y de un equipo técnico para apoyar su recuperación.
Según ha informado la Presidencia de la República entre las situaciones denunciadas por el mandatario figuran equipos médicos almacenados y deteriorándose
, posibles nóminas paralelas y presuntos vínculos entre contratistas de servicios de aseo y radiología y personas cercanas a la Gobernación.
El presidente también cuestionó un
contrato de fotocopiadoras por 60 millones de pesos mensuales. Estas denuncias deberán ser objeto de verificación antes de establecer responsabilidades administrativas, fiscales o penales.
La revisión anunciada buscará examinar la contratación y la
utilización de los recursos institucionales. Por ahora, no se ha informado públicamente el alcance completo de la auditoría forense ni el cronograma para presentar sus resultados.
Marjorie Englehard Archbold asumirá la intervención del hospital
La Supersalud designó a la médica
Marjorie Englehard Archbold como agente especial interventora, quien estará a cargo de la administración del hospital durante el periodo de intervención establecido.
La medida busca atender las deficiencias identificadas en la prestación de servicios y en la gestión institucional, así como
avanzar en el cumplimiento de los planes de mejoramiento pendientes desde 2022.
La ministra Vesga advirtió que la intervención debe traducirse en
resultados concretos para la población. “No puede quedarse en cambiar una administración por otra. Tiene que devolverle el hospital a la gente”, señaló.
Como parte de las acciones complementarias, el Ministerio de Salud anunció el acompañamiento para
incorporar una nueva ambulancia y mejorar la disponibilidad de equipos biomédicos. No obstante, el Gobierno todavía no ha precisado los plazos de entrega ni las metas asistenciales asociadas con estas medidas.
Recuperación hospitalaria deberá responder a las fallas identificadas
La revisión financiera deberá establecer la
destinación de los recursos y determinar si existen responsabilidades por las actuaciones denunciadas. Por su parte, la intervención administrativa tendrá que demostrar avances en la disponibilidad efectiva de servicios, la reducción de las listas de espera quirúrgicas y la lectura oportuna de los estudios diagnósticos.
La recuperación del hospital
no dependerá únicamente de los resultados de las investigaciones, sino de la capacidad de transformar las decisiones administrativas en mejoras verificables para los pacientes.