Edición Médica

Actualmente, más de 11 millones de usuarios se encuentran afiliados a Nueva EPS.

Redacción. Bogotá
La continuidad de los tratamientos farmacológicos de más de 11 millones de afiliados a Nueva EPS atraviesa un momento crítico tras la terminación del contrato con Colsubsidio, uno de los principales gestores farmacéuticos del país. La situación ha activado alertas en los organismos de control y plantea retos operativos inmediatos para los profesionales de la salud encargados de garantizar la atención integral de los pacientes, en especial de aquellos con patologías de alto costo.
 
Al respecto, Nueva EPS informó mediante comunicado oficial que puso en marcha un mecanismo transitorio para gestionar las fórmulas médicas previamente direccionadas a Colsubsidio. Según la entidad, los afiliados pueden registrar sus solicitudes de manera remota a través de su portal web, mientras asesores de la EPS adelantan los trámites administrativos para asegurar la entrega de medicamentos sin interrupciones. La EPS reiteró su compromiso con la garantía del derecho fundamental a la salud y la continuidad terapéutica durante el proceso de transición hacia nuevos gestores.
 
No obstante, los retrasos en la entrega de medicamentos se han sumado a la falta de respuestas concretas para solucionar los inconvenientes de usuarios que recurrieron a redes sociales para dar a conocer sus denuncias. En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación ha hecho un llamado público a la entidad para la adopción de medidas urgentes, ante el incremento de quejas relacionadas con fallas en la prestación del servicio y, de manera particular, con la disponibilidad y entrega de medicamentos.
   
En el marco de una mesa de seguimiento realizada el 8 de enero, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social instó a Nueva EPS a avanzar en un modelo de ajuste estructural que dé respuesta a los problemas de suficiencia de recursos y a las dificultades financieras que afectan la cadena de prestación de servicios. Estas acciones se suman a un seguimiento técnico, jurídico y financiero que el ente de control adelanta desde 2025, incluyendo visitas administrativas y mesas mensuales de evaluación.
 
De forma prioritaria, la autoridad disciplinaria ha solicitado un plan de choque específico para la atención de pacientes de alto costo, personas con VIH y enfermedades huérfanas, poblaciones particularmente vulnerables a cualquier interrupción en la dispensación de medicamentos. Para los equipos clínicos y administrativos, este escenario exige reforzar la gestión de casos, la trazabilidad de tratamientos y la comunicación efectiva con los pacientes.
 
La crisis se ha agudizado desde el 1 de enero de 2026, cuando Colsubsidio y Medicarte dejaron de prestar servicios a Nueva EPS. En el caso de Colsubsidio, la decisión impactó directamente a cerca de 1,64 millones de afiliados en 11 departamentos. Aunque la EPS anunció la vinculación de seis nuevos gestores farmacéuticos, desde los primeros días del año se han reportado puntos de dispensación cerrados, fallas operativas y alta incertidumbre sobre la continuidad de los tratamientos.
 
De acuerdo con organizaciones de pacientes, esta situación es el reflejo de una crisis financiera acumulada durante 2025. Gestores farmacéuticos han reportado a la Superintendencia Nacional de Salud deudas superiores a los 852 mil millones de pesos, y en el caso de Colsubsidio, la falta de pago derivó en la desconexión operativa tras meses de advertencias sin respuesta.
 

El escenario actual ha subrayado la necesidad de fortalecer la articulación entre EPS, IPS y gestores farmacéuticos, así como de mantener canales claros de información para evitar riesgos clínicos derivados de la interrupción de tratamientos. La transición en curso pone a prueba la capacidad del sistema para responder de manera efectiva y centrada en el paciente, en un contexto donde la oportunidad en la dispensación de medicamentos es un determinante directo de resultados en salud.
 

---