Edición Médica

La presión financiera sobre hospitales públicos reaviva el debate del sistema de Salud.

Redacción. Bogotá
La crisis en la atención y dispensación de medicamentos en Colombia continúa escalando y ya tiene efectos directos sobre la red pública hospitalaria. A las denuncias ciudadanas por largas filas y dificultades para acceder a tratamientos, se suman ahora decisiones de cierre o suspensión de servicios en hospitales públicos, motivadas por la falta de pago de EPS actualmente intervenidas por el Estado.
 
Dos casos emblemáticos concentran la atención del sector: el Hospital Universitario San Rafael de Tunja y la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel (HMUA) de Envigado. En ambos, la cartera impaga de EPS bajo intervención, especialmente Nueva EPS, ha derivado en una asfixia financiera que compromete la continuidad de la atención, el sostenimiento de la nómina y la disponibilidad de insumos básicos.
 
Hospitales en alerta por falta de flujo de recursos
 
En Boyacá, el Hospital Universitario San Rafael de Tunja ha anunciado la suspensión de varios servicios ambulatorios ante una deuda acumulada de la Nueva EPS que alcanza los 147 mil millones de pesos. Su gerente, Germán Francisco Pertuz González, explicó a medios locales que la decisión busca evitar un mayor deterioro financiero, en un contexto donde no existen canales efectivos para conciliar cartera ni acuerdos de pago que permitan operar con normalidad.
 
Una situación similar se vive en Envigado. El Hospital Manuel Uribe Ángel atraviesa una de las crisis más graves de su historia reciente, con alertas por no renovación de contratos de personal asistencial y administrativo, retrasos en el pago de nómina, escasez de insumos y riesgo de cierre de servicios. Aunque la institución no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas denuncias, sí ha resaltado públicamente avances en modernización y fortalecimiento de procesos, contrastando con el complejo panorama financiero descrito por autoridades locales.
 
El alcalde de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, ha sido enfático al señalar que la causa estructural de la crisis es la falta de pago de las EPS. Según ha indicado, estas entidades adeudan más de 120 mil millones de pesos al hospital. “Ni en pandemia vivimos semejante crisis”, ha afirmado, advirtiendo que la continuidad de esta situación podría llevar al hospital a una crisis total, con impactos directos sobre la seguridad del paciente.
 
Por su parte, el representante a la Cámara Hernán Cadavid atribuyó la crisis financiera a las deudas acumuladas por EPS como Nueva EPS y Savia Salud, ambas bajo control estatal, y cuestionó la efectividad de las intervenciones gubernamentales. A su juicio, el impacto económico se ha trasladado a hospitales que dependen de esos pagos para garantizar la atención.
 
En el mismo sentido, voces técnicas del sector han cuestionado el destino de los recursos de las EPS intervenidas. La economista experta en protección social y salud, exviceministra y exdirectora de la ADRES, Diana Cárdenas, ha planteado un interrogante central: si los hospitales y prestadores no están recibiendo los pagos, ¿dónde están los recursos que administra el Estado a través de estas EPS?
 
Actualmente, siete EPS permanecen bajo intervención directa: Coosalud, Nueva EPS, Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, SOS EPS y Emssanar, las cuales concentran cerca de la mitad de los afiliados del país. Aunque el Gobierno asegura que realiza los giros correspondientes, persiste la preocupación por la falta de transferencia oportuna a hospitales y clínicas.
 
Un modelo financieramente tensionado
 
El informe Análisis financiero de las EPS en Colombia: primer semestre de 2019 a 2025, de la organización Así Vamos en Salud, aporta un marco estructural a la crisis. Según el documento, el modelo de aseguramiento muestra signos claros de insostenibilidad: en 2025, el patrimonio negativo del sector alcanzó los 11,4 billones de pesos, veinte veces más que en 2022. La relación pasivo/activo llegó al 164 por ciento, configurando un escenario de insolvencia técnica.
 
El estudio también advierte sobre la alta concentración del riesgo: siete EPS manejan más del 80 por ciento de los activos y el 74 por ciento de los pasivos, lo que deja en situación de vulnerabilidad a más de la mitad de la población afiliada. Las EPS sostienen que la UPC es insuficiente para cubrir costos asistenciales y administrativos, postura respaldada por la Corte Constitucional, que ordenó su actualización al evidenciar que no reflejaba el gasto médico real.
 
UPC, salarios y sostenibilidad del sector
 
Desde el lado de los prestadores, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) ha expresado preocupación por el ajuste de la UPC para 2026. Su director, Juan Carlos Giraldo Valencia, señaló que el incremento aprobado no guarda una relación cercana con el aumento del salario mínimo, lo que compromete la sostenibilidad financiera de hospitales y clínicas, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado.

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