Edición Médica

Redacción. Bogotá
El proyecto de ley de reforma al sistema de Salud continúa delineando la nueva arquitectura institucional que busca implementar el Gobierno Nacional. Entre los cambios más relevantes figura la creación del Consejo Nacional de Salud, una instancia de participación multisectorial que tendría un papel consultivo en las principales decisiones de política pública y en el seguimiento al funcionamiento del sistema.

La propuesta establece que este organismo estará integrado por representantes del Gobierno, trabajadores de la salud, pacientes, prestadores de servicios, Gestoras de Salud y Vida, comunidades indígenas, campesinas, víctimas del conflicto armado y otros sectores sociales. Asimismo, entidades como la Superintendencia Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Salud (INS), el INVIMA, el IETS y la Defensoría del Pueblo participarían con voz, pero sin voto.

De acuerdo con el articulado, el Consejo sesionará de manera ordinaria cuatro veces al año y podrá reunirse de forma extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran. Sus decisiones se adoptarán mediante mayoría calificada y sus recomendaciones servirán como insumo para la formulación de políticas públicas en Salud.

Recomendaciones sobre la UPC y seguimiento al sistema

Uno de los aspectos que más llama la atención del proyecto es que el Consejo Nacional de Salud podrá emitir recomendaciones al Ministerio de Salud sobre el valor anual de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Para ello, deberá considerar variables como la edad, el sexo, la ubicación geográfica, las condiciones epidemiológicas y socioeconómicas de la población, así como los costos asociados a las tecnologías en Salud. Aunque la decisión final seguiría siendo competencia del Ministerio, la propuesta incorpora un espacio institucional para la participación de diversos actores en la discusión sobre el financiamiento del sistema.

El organismo también tendría entre sus funciones monitorear el funcionamiento del sistema de salud, promover mecanismos de transparencia, consolidar los informes remitidos por los Consejos Territoriales de Salud y formular recomendaciones para fortalecer la vigilancia y el control sobre los recursos públicos.

Informe anual al Congreso y seguimiento a la reforma

La iniciativa dispone que el Consejo Nacional de Salud deberá presentar cada año un informe detallado a las comisiones séptimas del Congreso sobre el avance en la implementación y reglamentación de la ley, una vez entre en vigencia.

Asimismo, podrá elaborar estrategias para enfrentar emergencias sanitarias o financieras, proponer planes de fortalecimiento de la red pública hospitalaria, impulsar estudios técnicos en salud pública territorial y recomendar políticas orientadas a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

Defensor del usuario fortalecería la atención de quejas

El proyecto también redefine el papel del Defensor del Usuario en Salud, quien continuará como una instancia para recibir y tramitar las quejas relacionadas con barreras de acceso y conflictos en la atención primaria y complementaria.

Según ha indicado la propuesta, el Ministerio de Salud reglamentará el número de defensores y el mecanismo para su elección por parte de los usuarios, garantizando procesos democráticos. No obstante, la iniciativa aclara que estos defensores no tendrán facultades sancionatorias frente a los prestadores de servicios, competencia que seguirá en cabeza de la Superintendencia Nacional de Salud.

Transparencia e interoperabilidad de la información

Otro de los pilares de la reforma es la creación del Sistema Público Unificado e Interoperable de Información en Salud (SPUIIS), una plataforma nacional que integraría la información administrativa y asistencial de todos los actores del sistema.

El proyecto establece que el reporte de información será obligatorio y que el sistema permitirá el acceso en tiempo real a las transacciones en salud, facilitará la interoperabilidad entre plataformas existentes y garantizará estándares internacionales de seguridad y protección de datos personales. Además, la Contraloría General de la República tendría acceso permanente a esta información para fortalecer el control fiscal sobre los recursos públicos.

Con estas disposiciones, la iniciativa busca fortalecer los mecanismos de gobernanza, participación ciudadana, transparencia y seguimiento institucional, incorporando nuevos espacios de concertación y control dentro del modelo de salud propuesto por la reforma.

La reforma a la salud continuará impulsando un modelo basado en la atención primaria, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y el giro directo de los recursos.

Según explicó el #Minsalud @GA_Jaramillo, el Gobierno seguirá insistiendo en los acuerdos alcanzados… pic.twitter.com/dgcWkgnCGG

— MinSalud Colombia ?? (@MinSaludCol) July 21, 2026