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DEBATE TÉCNICO
Gremio de Sociedades Científicas insiste en conocer la viabilidad fiscal de la Reforma a la Salud antes de aprobarla
La presidente de la ACSC asevera que no existen restricciones para conocer a fondo este análisis o emitir conceptos parciales
Viernes, 24 de noviembre de 2023, a las 11:40

Dora Bernal, presidenta de la ACSC.


Redacción. Bogotá
La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) ha emitido un comunicado en el que solicita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicar ante el Congreso de la República el análisis completo de viabilidad fiscal sobre el proyecto de ley de Reforma a la Salud No. 339 “como condición para continuar con los debates que se llevan a cabo en la plenaria de la Cámara”, han instado.
 
Al respecto, la presidente de la ACSC, Dora Bernal, ha remarcado que, aunque el ministro Ricardo Bonilla en recientes intervenciones sostuvo que el proyecto ya cuenta con el aval fiscal, por lo tanto, no es obligatorio haberlo entregado, y en última instancia radicará un concepto parcial hasta tanto se termine el trámite legislativo.
 
"En aras de la transparencia y la garantía de un debate amplio y sustentado de información técnica, creemos que la sociedad colombiana tiene derecho a conocer este análisis y el aval fiscal, mucho más si ya está lista, no puede ser parcial por cuanto el sistema planteado en el Proyecto 339 no se encuentra fragmentada, es integrado coma así se ha presentado desde su radicación", ha agregado Bernal.
 
De igual manera, la entidad científica que congrega a 69 especialidades médicas del país reconoce que el Artículo 7 de la Ley 807 de 2005 otorga al Ministerio de Hacienda la facultad de emitir conceptos en cualquier momento sobre la consistencia del impacto fiscal de los proyectos de ley. Sin embargo, se destaca que el texto originalmente presentado ha experimentado modificaciones tanto en el primer como en el segundo debate.
 
En este contexto, el gremio subraya que "dada la integralidad normativa, esta disposición no admite conceptos parciales como pretende el señor ministro de Hacienda. En virtud de la discusión, incluso si se permitiera, es esencial conocer el análisis total del proyecto por parte del Ministerio de Hacienda. Sin ese elemento de juicio, los miembros de la Cámara de Representantes carecen de la información necesaria para deliberar sobre la conveniencia de la reforma y, por ende, evaluar la sostenibilidad fiscal de la propuesta", agrega Bernal.
 
En este contexto, el gremio ha recalca que la solicitud dirigida al Ministerio se vuelve aún más relevante tras la reciente decisión de la Corte Constitucional sobre la inexequibilidad de algunos artículos de la Ley 2277 de 2022, referente a la Reforma Tributaria. Esta decisión afectará el recaudo previsto por el Gobierno Nacional, el cual, en parte, financia el Sistema General de Seguridad Social.
 
Ante la posibilidad de que el Congreso continúe con el trámite sin el concepto, basándose en las consideraciones de la Corte Constitucional expresadas en la Sentencia C-502 de 2007, la ACSC advierte enfáticamente que la incidencia fiscal de los proyectos de ley "es una carga que incumbe inicialmente al Ministerio de Hacienda". A este le corresponde intervenir de manera obligatoria en el proceso legislativo y evidenciar la existencia o no de estimativos erróneos de impacto fiscal.
 
Por lo tanto, la ACSC considera imperativo que el Ministerio de Hacienda no solo proporcione el concepto solicitado, sino que, de manera complementaria, revele la existencia o ausencia de estimativos erróneos de impacto fiscal, tanto ante el Congreso de la República como ante los ciudadanos colombianos.
 
La presentación oportuna de estudios que respalden la afirmación de que los recursos para la implementación de la reforma están asegurados o la intervención del Ministerio de Hacienda podrían resolver desacuerdos y facilitar el progreso en las sesiones en curso, especialmente cuando se pretende llevar a cabo una reforma estructural del sistema de salud que, evidentemente, requiere recursos nuevos y no simplemente una redistribución de los existentes.
 
En las condiciones actuales, el país enfrenta un desfinanciamiento en áreas que no son responsabilidad de las EPS, como aquellos asuntos que deben cubrirse fuera del plan de beneficios en salud, siendo responsabilidad del Estado la asignación de los recursos correspondientes.


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