Redacción. Bogotá
El Congreso de la República estudia un proyecto de ley que busca
fortalecer las garantías laborales del talento humano en salud en Colombia, una iniciativa que plantea medidas para combatir la precarización laboral, promover la estabilidad en el empleo, mejorar la formación continua y establecer mecanismos de protección frente a las agresiones que enfrentan los profesionales del sector.
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La propuesta, liderada por la senadora
Norma Hurtado Sánchez y el representante
Víctor Manuel Salcedo, surge en un contexto marcado por denuncias de
contratación precaria, retrasos en los pagos, sobrecarga laboral y afectaciones a la salud mental del personal sanitario.
Contratación directa y pagos prioritarios
Uno de los ejes centrales del proyecto establece que la
contratación laboral o la relación legal y reglamentaria será la modalidad general para vincular al talento humano en salud, limitando el uso de mecanismos de intermediación y tercerización que desconozcan los derechos laborales.
Además, la iniciativa dispone que los recursos destinados al pago del talento humano deberán girarse de manera prioritaria, contemplando intereses moratorios cuando existan
retrasos en el pago de salarios u honorarios. También exige que las IPS suministren oportunamente los insumos, equipos y tecnologías necesarias para garantizar una atención segura tanto para pacientes como para trabajadores.
Como mecanismo adicional de control, el proyecto propone que el cumplimiento de las obligaciones laborales haga parte de los criterios de suficiencia patrimonial y financiera que deben acreditar las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Para ello, el Ministerio de Salud incluiría
indicadores relacionados con mora en pagos, quejas y sanciones impuestas por autoridades laborales y sanitarias.
Formación continua y mayor planificación del talento humano
La iniciativa también incorpora un capítulo dedicado al fortalecimiento de las competencias del personal sanitario. En ese sentido, las IPS deberán
formular anualmente planes institucionales de formación continua, orientados a actualizar conocimientos, fortalecer la Atención Primaria en Salud, mejorar la calidad de la atención e incorporar nuevas tecnologías y herramientas del sistema de salud.
Paralelamente, el Ministerio de Salud, con apoyo del Consejo Nacional del Talento Humano en Salud, deberá realizar una
planificación permanente de las necesidades de profesionales en los territorios, considerando factores como la distribución geográfica, la salud mental del personal, las cargas laborales, las brechas regionales y las necesidades futuras del sistema.
La propuesta contempla, además,
incentivos académicos, económicos e investigativos para quienes ejerzan en zonas de alta dispersión geográfica y difícil acceso durante un periodo mínimo de seis meses.
Estrategia nacional contra la violencia al personal de salud
Uno de los componentes novedosos del proyecto es la creación de la Estrategia Nacional de Protección contra la Violencia al Talento Humano en Salud, liderada por el Ministerio de Salud.
La estrategia buscará
prevenir agresiones físicas, psicológicas y verbales, fortalecer la coordinación con entidades como la Fiscalía, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo, además de implementar sistemas de información que permitan caracterizar los episodios de violencia contra el personal sanitario.
Para su ejecución se propone crear un Comité Interinstitucional de Protección contra la Violencia, integrado por representantes del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y delegados del Consejo Nacional del Talento Humano en Salud. Este organismo deberá
presentar informes periódicos al Congreso sobre los avances de la estrategia.
Asimismo, el proyecto ordena
diseñar una ruta nacional de denuncia y atención para víctimas de violencia, incluyendo protocolos especiales durante emergencias sanitarias, epidemias o pandemias.
Combatir el maltrato durante la formación
La iniciativa incorpora medidas para garantizar el derecho al buen nombre del talento humano en salud, estableciendo que la difusión de información relacionada con
procesos disciplinarios o judiciales deberá ser veraz, imparcial y contemplar la publicación de las decisiones favorables cuando estas existan.
De igual forma, ordena al Gobierno diseñar una política para
prevenir todas las formas de violencia física, psicológica, intelectual y sexual durante la formación de estudiantes y residentes de las profesiones de la salud, una disposición que responde a las denuncias sobre acoso y maltrato registradas en escenarios académicos y asistenciales.
En la exposición de motivos, los autores sostienen que el proyecto busca
responder a problemas estructurales que afectan al talento humano en salud, entre ellos la tercerización, la inestabilidad contractual, la mora en el pago de salarios, las extensas jornadas laborales, el acoso laboral y sexual, así como el deterioro de la salud mental del personal sanitario.
El documento también cita estudios que evidencian
altos niveles de insatisfacción laboral, retrasos en el pago de remuneraciones, jornadas superiores a las legalmente establecidas y una creciente presión sobre médicos, enfermeras y demás profesionales del sector, factores que, según los autores, justifican la necesidad de avanzar hacia un modelo de trabajo decente, estable y seguro para quienes sostienen la prestación de los servicios de salud en Colombia.