Edición Médica

Una UPC insuficiente se ha convertido en uno de los principales factores de inestabilidad del sistema.

Redacción. Bogotá
El sistema de salud colombiano atraviesa un momento crítico marcado por el desfinanciamiento estructural, la presión financiera sobre hospitales y prestadores, y crecientes barreras de acceso a medicamentos y tecnologías en salud. Así lo ha advertido el documento La ruta de la salud para el futuro del país, presentado por el Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud (Proesa), que plantea una hoja de ruta con propuestas técnicas para recuperar la sostenibilidad del sector, entre ellas una reforma urgente al cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
 
De acuerdo con el análisis, una UPC insuficiente y mal calculada se ha convertido en uno de los principales factores de inestabilidad del sistema. La brecha financiera resultante ha generado un efecto en cadena: aumento de tutelas, mayores gastos de bolsillo, acumulación de deudas que superan los $27 billones y una red hospitalaria pública y privada con serias dificultades de liquidez.
 
Proesa y la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) han coincidido en que calcular mejor la UPC fortalece directamente el sistema de salud. Una UPC técnica y suficiente permite que EPS, hospitales y demás prestadores puedan anticiparse, planear con mayor precisión y garantizar continuidad en la prestación de los servicios, reduciendo la improvisación financiera y los cuellos de botella operativos.
 
Desde la perspectiva de los usuarios, una UPC adecuada se traduce en mejor atención, mayor continuidad en los tratamientos, menor presión financiera y acceso más oportuno a servicios y tecnologías en salud, elementos clave para mejorar los resultados en salud y la confianza en el sistema.
 
El documento advierte que la metodología actual para calcular la UPC presenta limitaciones estructurales. En 2024, el Gobierno utilizó información de apenas cuatro EPS, que representan cerca del 26 por ciento de la población, y descartó el 63 por ciento de los registros disponibles. Como resultado, el ajuste aprobado (5,36 por ciento) estuvo muy por debajo de las recomendaciones técnicas, que estimaban incrementos entre el 15,6 y el 17,3 por ciento.
 
Frente a este escenario, Proesa propone rediseñar de manera urgente la metodología de cálculo de la UPC, crear una mesa técnica nacional con participación de la academia, sociedades científicas, EPS, IPS, pacientes y expertos independientes, así como identificar fuentes innovadoras de financiación que permitan cerrar la brecha estructural. La propuesta incluye además la creación de un fondo de saneamiento para transformar la deuda acumulada en inversión estratégica para el sistema.
 
La cartilla también aborda la necesidad de fortalecer el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que enfrenta más de 12.000 trámites represados y tiempos de espera que pueden superar los cinco años para el acceso a medicamentos innovadores. Este rezago, señala Proesa, afecta tanto a productos de innovación como a medicamentos fabricados en el país, con impacto directo en el abastecimiento y la competitividad del sector farmacéutico.
 
Finalmente, el documento ha subrayado la importancia de promover el acceso a tecnologías innovadoras bajo esquemas de valor en salud, como acuerdos de acceso administrado y mecanismos de riesgo compartido, que aseguren que cada peso invertido genere beneficios clínicos reales y sostenibles.
 
Proesa y Afidro han hecho un llamado a que estas propuestas sean asumidas como prioridades de política pública. En su criterio, una UPC bien calculada no es solo un ajuste financiero, sino una herramienta estructural para garantizar estabilidad, equidad y continuidad en la atención, en un sistema que enfrenta retos crecientes por el envejecimiento poblacional, la carga de enfermedad y el avance de la innovación terapéutica.

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